Por Pérez Rocca Franco – Coordinador del Área de Investigaciones Sociales y Económicas del Grupo Joven de Fundación Libertad.
El retiro de la reforma financiera postergó el tratamiento de una batería de reformas que podían generar un círculo virtuoso en pos de la conexión entre el mercado financiero y la economía real.
El retiro del proyecto de Ley de Competitividad Financiera de la Cámara de Diputados dejó en suspenso una agenda de reformas que excedía ampliamente la controversia tributaria relativa al gravamen de los CEDEARs. Entre sus 240 artículos, la iniciativa proponía modificaciones relevantes en el sistema de garantías, los instrumentos de crédito y la infraestructura del mercado de capitales. Su eventual reenvío al Congreso dependerá de las decisiones del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el desafío de fondo que intentaba resolver sigue intacto. La verdadera urgencia radica en cómo convertir el valor económico que generan las empresas en instrumentos jurídicamente aptos para conseguir financiamiento formal y acceso al mercado de capitales.
El proyecto buscaba atender una restricción estructural del crédito. Existe una enorme distancia entre el valor económico de ciertos activos tales como software, propiedad intelectual, contratos a largo plazo o flujos de ingresos proyectados, y su utilización efectiva como garantía. La iniciativa proponía reducir esa brecha ampliando el universo de bienes susceptibles de constituirse como respaldo. El texto incluía activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, créditos contractuales e inventarios, junto con la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.
No se trata de un simple detalle registral. Que una patente o un flujo de caja futuro puedan ofrecerse jurídicamente como respaldo es apenas el punto de partida. Para que un acreedor acepte prestar contra ese activo necesita mecanismos confiables para valuarlo, confirmar su prioridad frente a terceros y ejecutarlo en tiempos razonables frente a un incumplimiento. Sin certidumbre en el recupero, el colateral más sofisticado pierde buena parte de su utilidad práctica.
El sector agropecuario evidencia este problema estructural. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro argentino demandó más de USD 14.700 millones para la campaña 2025/26. El 70% se apalancó con financiamiento de terceros. Dentro de esa porción, el 55% provino del crédito comercial extrabancario que incluye acopios, cooperativas, corredores y proveedores de insumos. Aunque el financiamiento bursátil y bancario ganó participación respecto del ciclo anterior, una actividad intensiva en capital, expuesta a precios internacionales y con ciclos productivos largos sigue dependiendo fuertemente de relaciones crediticias bilaterales dentro de su propia cadena comercial.
Argentina no parte de cero. Ya cuenta con cheques de pago diferido, facturas de crédito, pagarés, canjes y operaciones forward. El salto cualitativo consiste en lograr que una mayor proporción de esos activos financieros subyacentes pueda estandarizarse y llegar a inversores que hoy están fuera de la cadena. En esa dirección apuntaba la incorporación legal de pagarés con promesa de entrega de bienes fungibles, con fuerza ejecutiva directa.
La experiencia brasileña con la Cédula do Produto Rural (CPR) ilustra el recorrido posible. La CPR es un título que representa el compromiso de entregar un producto agropecuario en el futuro, la misma se utilizó tradicionalmente en operaciones bilaterales entre productores y financiadores. Su variante con liquidación financiera, la CPR-F, permitió llevar estas operaciones al mercado de capitales. Entre agosto de 2025 y febrero de 2026, la bolsa brasileña (B3) registró R$ 6.000 millones en ofertas públicas de CPR destinadas a personas físicas, distribuidas en 14 emisiones y suscriptas por más de 26.000 inversores.
Esta misma lógica de convertir activos en fuentes de financiamiento abarcaba otros instrumentos. La cesión electrónica de créditos por ventas con tarjeta y las modificaciones al régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyME buscaban facilitar que comercios y pequeñas empresas pudieran anticipar liquidez mediante la negociación de sus cobros. De igual forma, la actualización del régimen de warrants apuntaba a fortalecer el uso de mercadería depositada como respaldo de operaciones de crédito.
Finalmente, el proyecto abría la puerta a la utilización de tecnologías de registro distribuido para la emisión y transferencia de valores negociables. La tecnología puede reducir fricciones operativas y habilitar nuevos ámbitos de negociación. Sin embargo, digitalizar un activo o transformar un contrato en un token no lo vuelve mágicamente líquido ni seguro. La innovación en la infraestructura no reemplaza la calidad del activo subyacente, la transparencia de la información ni la evaluación del riesgo crediticio.
La modernización normativa puede diversificar las herramientas, pero la existencia efectiva de financiamiento productivo requiere condiciones que ninguna ley puede decretar por sí sola. La estabilidad monetaria, la seguridad jurídica, la previsibilidad normativa y la capacidad real de ejecutar contratos y garantías siguen siendo requisitos irreemplazables para que el ahorro privado asuma el riesgo de financiar a las empresas. En última instancia, el desafío consiste en construir un mercado capaz de conectar el capital disponible con los activos y proyectos que generan valor en la economía real, para así potenciar el crecimiento.
