La prohibición de los cuidacoches en Rosario comenzó a discutirse formalmente en el Concejo Municipal, donde representantes de tres comisiones mantuvieron una reunión conjunta para analizar el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo. La iniciativa busca adherir a la Ley Provincial Nº 14.486, que establece restricciones a las actividades vinculadas con el cuidado de vehículos en la vía pública, y abre un debate que combina convivencia urbana, seguridad y políticas de inclusión social.
El encuentro reunió a integrantes de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, y Convivencia y Seguridad Ciudadana. Allí quedaron expuestas las diferencias entre los distintos espacios políticos respecto del alcance de la prohibición, las posibles excepciones y las herramientas que debería implementar el municipio para atender a las personas que actualmente desarrollan esta actividad.
Uno de los datos que surgió durante la discusión refleja la dimensión que adquirió el fenómeno en la ciudad. De acuerdo con las cifras municipales mencionadas en la reunión, en 2024 se registraban 573 cuidacoches; en 2025, la cifra había trepado a 754, mientras que actualmente asciende a 1.395. Esto representa un crecimiento del 153% en apenas dos años.
Un proyecto con multas y excepciones
El mensaje 91/26 enviado por la Municipalidad propone adherir a la normativa provincial y prohibir el ofrecimiento de espacios para estacionar en la vía pública, así como las tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica o cualquier otro beneficio, independientemente de que el pago sea voluntario o no.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de establecer excepciones en determinados sectores y circunstancias. Esa facultad quedaría en manos del Departamento Ejecutivo, que podría habilitar situaciones puntuales, como ocurre durante eventos masivos o celebraciones populares.
Desde el interbloque Unidos defendieron el espíritu de la iniciativa y señalaron que el objetivo principal debe ser avanzar con la prohibición, sin dejar de lado el abordaje social. En ese sentido, destacaron la flexibilidad del anteproyecto y la posibilidad de contemplar excepciones para actividades específicas, como la Fiesta de las Colectividades.
También plantearon que el Concejo Municipal debe tener participación en la definición de ese régimen, en función de sus atribuciones sobre la regulación del espacio público, y reclamaron que los demás bloques políticos fijen posición sobre la prohibición.
El proyecto, además, propone modificar el Código de Convivencia Ciudadana para incorporar un esquema de sanciones que contempla multas, tareas educativas y concientizadoras y decomiso de elementos utilizados para desarrollar la actividad. Las penalidades podrían agravarse cuando existan situaciones de violencia o amenazas, cuando se actúe en determinadas zonas o cuando se detecte la presencia de organizadores.
Las diferencias políticas y el reclamo por una salida social
Desde los bloques peronistas y Ciudad Futura cuestionaron el enfoque de la prohibición y advirtieron que una medida de estas características podría criminalizar la pobreza y dejar afuera a las personas que encuentran en esta actividad una fuente de ingresos.
En contraposición, reclamaron la puesta en marcha de un programa integral de desarrollo e inclusión, con alternativas concretas de inserción laboral. También solicitaron información más detallada sobre la población involucrada y propusieron incorporar a organizaciones sociales, entre ellas la Pastoral Social, en el diseño de las respuestas.
Otro de los argumentos planteados durante la reunión es que la actividad ya se encuentra prohibida por el artículo 300 del Código de Convivencia de Rosario. Por eso, pusieron el foco en la necesidad de explicar qué cambiaría con la adhesión a la nueva legislación y cómo se aplicaría en la práctica.
Por su parte, La Libertad Avanza anticipó su respaldo a la prohibición de la actividad, aunque con una posición más restrictiva: planteó que no debería existir un régimen de excepciones. Además, reclamó precisiones sobre el protocolo de actuación que deberán seguir las autoridades para hacer cumplir la normativa.
Reconversión laboral y capacitación
Más allá del esquema de prohibiciones y sanciones, el mensaje de la Intendencia también incorpora un capítulo vinculado con la inclusión social. La propuesta contempla implementar, en coordinación con el Gobierno provincial, medidas para facilitar la reconversión laboral de quienes actualmente se desempeñan como cuidacoches.
Entre las herramientas previstas aparecen la capacitación en oficios, el acceso a programas de empleo, el acompañamiento a emprendimientos productivos y las alternativas para completar los estudios. También se incluyen dispositivos de atención vinculados con la salud mental y los consumos problemáticos.
El debate recién comienza y todavía deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. La discusión no se limita a definir si Rosario adhiere a la prohibición provincial, sino que también pone sobre la mesa cómo se controlará el espacio público, qué excepciones podrán establecerse y, fundamentalmente, qué alternativas ofrecerá el Estado a un universo que, según las propias estadísticas municipales, creció de manera significativa en los últimos dos años.
