Por Franco Pérez Rocca – Coordinador del Área de Investigaciones Sociales y Económicas del Grupo Joven de Fundación Libertad.
La reacción del ecosistema financiero fue tan unánime que el oficialismo reculó de inmediato argumentando que ese artículo se había filtrado de un “borrador viejo” y el proyecto entero quedó congelado.
Podemos respirar aliviados, pero el hecho de que esa idea haya llegado al papel oficial revela un problema de fondo. El diagnóstico de aquel borrador era que el inversor local usa estos certificados para gozar de ventajas fiscales, desviando el ahorro hacia activos que no generan impacto en la economía real. En el fondo, lo que asomó fue el clásico “miedo a perder flujo”, el terror de la política a que los instrumentos externos le roben capital al ya diminuto mercado local.
Esa visión comete un error garrafal al analizar cómo respira el inversor retail. Para el pequeño ahorrista, el activo extranjero no es el enemigo de la bolsa argentina; es el “gancho” perfecto. El minorista se anima a abrir su primera cuenta comitente porque quiere ser socio de lo que consume a diario: Apple, Google, Coca-Cola. Ese CEDEAR es su puerta de entrada. Una vez adentro del ecosistema, a medida que madura y entiende la dinámica financiera, empieza naturalmente a diversificar y mutar parte de su cartera hacia acciones o bonos nacionales. Es un proceso virtuoso.
Si la bala no se esquivaba, el desastre no pasaba solo por la alícuota, sino por la burocracia. Hoy, la matriz tributaria distingue los procedimientos: la renta (los dividendos del CEDEAR) ya tributa Ganancias por la escala progresiva al ser de fuente extranjera; pero el resultado por enajenación (la ganancia de capital al vender más caro) está exento por tratarse de un valor negociable listado localmente.
El borrador del proyecto quería aplicar una “transparencia fiscal”. Básicamente, destruir la ficción del certificado local y gravar la venta con un 15%, exactamente igual que si compraras la acción directamente en Estados Unidos.
Más allá de la presión fiscal, el golpe letal iba a ser la pesadilla administrativa. Para liquidar ese 15%, un contribuyente responsable, incluso un pequeño ahorrista o un monotributista, iba a tener que llevar una contabilidad paralela detallada. Por cada venta, el inversor debía aplicar el método PEPS (Primero Entrado, Primero Salido / FIFO), emparejando los certificados vendidos con sus lotes históricos de compras a distintos precios para calcular su ganancia real.
Ponerle esa barrera burocrática al ahorrista que recién empieza es un desincentivo indiscutible. Ante el pánico de tener registraciones defectuosas o inconsistencias patrimoniales frente a ARCA, el pequeño inversor directamente desiste. Subir la vara con terror fiscal no logra que los ahorros vayan a una empresa nacional; logra que la comitente nunca se abra.
Y a los inversores que ya tienen volumen, la medida los iba a empujar a cruzar la frontera digital. Acá es donde el análisis estático del Estado hace agua. Pivotear de una multinacional a una empresa argentina a través de un CEDEAR requiere apenas dos clics, porque la liquidez ya está en la plaza local. Si la fricción impositiva expulsa a ese ahorrista hacia plataformas radicadas en el exterior, el costo de oportunidad de volver
(comisiones, transferencias transfronterizas, compliance bancario) se vuelve altísimo. Una vez que cruzan la barrera de salida, ese capital no vuelve más.
Es una excelente noticia que el Gobierno haya escuchado al mercado y archivado ese borrador. De todos modos, la anécdota debe servir como un recordatorio doble: para el mercado, sobre su vital rol como órgano de contralor independiente; y para la política económica, de que la verdadera competitividad financiera se logra seduciendo al ahorro con buenos instrumentos, libertad y reglas simples, no levantando muros fiscales por miedo a competir.
