Las cámaras que agrupan a la industria aceitera y exportadora argentina, CIARA y CEC, endurecieron su postura frente al conflicto con los sindicatos del sector y calificaron como “desorbitante” el nuevo pedido salarial impulsado por los gremios aceiteros.
Desde las entidades empresarias señalaron que, para comprender la dimensión de la discusión, es necesario observar los números actuales del sector. Según detallaron, mientras el salario promedio del empleo privado registrado en Argentina ronda los $1,4 millones, la categoría inicial de un trabajador aceitero parte de $2,34 millones, es decir, un 67% por encima del promedio formal privado.
La diferencia se amplía aún más en las categorías superiores, donde los salarios llegan a ubicarse hasta un 117% por encima del promedio nacional. De acuerdo con los datos difundidos por las cámaras, el salario promedio ponderado de la actividad aceitera alcanza actualmente los $4,9 millones mensuales.
Las empresas también pusieron el foco en la evolución salarial de los últimos años. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, indicaron, los salarios aceiteros acumularon un incremento del 361%, por encima de otros indicadores clave de la economía. En el mismo período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 299%, el dólar subió 304% y la soja en pesos registró una mejora de apenas 179%.
Al mismo tiempo, remarcaron que la actividad industrial del complejo agroexportador atraviesa una desaceleración. Según explicaron, durante el primer trimestre de 2026 la molienda acumulada de soja cayó 9% respecto del mismo período del año pasado.
En ese contexto, las cámaras empresarias sostienen que desde enero de este año los salarios del sector ya aumentaron 13,5%, ubicándose por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 12,3%. Además, afirmaron que se otorgó un anticipo promedio de $600.000 por trabajador para cubrir la inflación del primer semestre.
Para las empresas, el nuevo reclamo salarial —que ronda el 20%— implicaría proyectar una inflación anual cercana al 34,6%, en un escenario donde la soja en pesos cayó 9% entre enero y mayo.
CIARA y CEC también advirtieron sobre el impacto económico que genera cada jornada de paro. Según estimaron, cada día de huelga implica una pérdida aproximada de $160.000 para cada trabajador, además de afectar la venta de granos, el movimiento de camiones, las exportaciones, el ingreso de divisas y la actividad general de toda la cadena agroindustrial.
“Este conflicto ya no es salarial: es político, contra la política económica”, afirmaron desde las entidades, al tiempo que sostuvieron que la medida termina perjudicando a una actividad que consideran estratégica para la economía argentina.
Como alternativa, las cámaras propusieron que las actualizaciones salariales se ajusten mensualmente en base al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, con el objetivo de garantizar que ningún salario pierda poder adquisitivo frente a la inflación.
Finalmente, las entidades empresarias remarcaron que “la Argentina necesita trabajo formal, industria funcionando y reglas previsibles que permitan sostener producción, exportaciones y empleo”, y concluyeron que “paralizar una actividad estratégica no fortalece al país: lo debilita”.
