Diputados aprobó con cambios, en una ajustada votación de 127 a 126, el proyecto del oficialismo que contempla la modificación del artículo 24 de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, que sube el mínimo no imponible y que ya contaba con media sanción del Senado. Asimismo, las modificaciones introducen una cláusula que mantiene la alícuota de 2,25% sobre los bienes en el exterior.
Ahora, el proyecto debe ahora retornar a la Cámara de Senadores que podrá ratificar los cambios.
En líneas generales, plantea elevar de dos a seis millones de pesos el tope del mínimo no imponible para Bienes Personales, pero además propone llevar la alícuota máxima -que en la actualidad es del 1,25% para patrimonios mayores a los 18 millones de pesos- al 1,5% para los que superen los 100 millones de pesos. En tanto, de 300 millones en adelante será de 1,75%. Para excedentes entre los 0 y los 18 millones las alícuotas no tienen cambios.
Por otra parte, otro eje saliente de la iniciativa es la incorporación de un mecanismo de actualización anual y automática según el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del mínimo no Imponible para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas. Este instrumento evitará que en adelante haya que aplicar nuevas actualizaciones por decreto o ley.
Ahora bien, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de subir el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales de $2 millones a $6 millones será de $31.500 millones, entre los años 2022 y 2023.
Si bien la suba del mínimo no imponible es un beneficio para unas 500 mil personas que hubieran tenido que pagar el tributo por el efecto inflacionario sobre el valor de las cosas, al tratarse de un impuesto coparticipable, la merma de los recursos no solo la afrontará la Nación.
En efecto, el conjunto de las provincias va a tener que volver a estimar los recursos fiscales del año próximo, ya que cerca del 60% del dinero que genera el tributo tiene por destino a las gobernaciones.
En efecto, “Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias más perjudicadas ya que concentran el 24,3%, 9,5% y 9,3% de las pérdidas respectivamente”, advirtió el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en un informe sobre la caída de recursos, ya que el 58,9% va a ser soportado por el conjunto de las provincias.
