La decisión del Gobierno nacional de implementar un nuevo protocolo para controlar la identidad varietal de las semillas y reforzar la protección de la propiedad intelectual generó repercusiones en el ámbito científico y productivo. Entre las voces que analizaron la medida se encuentra la de Julio Ferrarotti, ingeniero agrónomo, magíster en Mejoramiento Genético de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y uno de los fitomejoradores mas prestigiosos del Cono Sur.
Su evaluación combina respaldo a una mayor fiscalización con fuertes cuestionamientos a la presentación política de la medida y a algunos de los conceptos difundidos por el Ejecutivo.
“Nada nuevo bajo el sol”, resumió Ferrarotti en diálogo con ON24, al analizar la resolución conjunta del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, que habilita la identificación varietal a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega del grano. El nuevo esquema apunta especialmente a cultivos como la soja y busca fortalecer los derechos de los obtentores vegetales.
Una idea con más de tres décadas
El debate sobre la protección de las obtenciones vegetales y el control del uso de semillas lleva varias décadas sin una resolución definitiva. De hecho, el mecanismo anunciado se asemeja a la denominada “regalía global”, un sistema que ya había sido propuesto por el ex secretario de Agricultura Daniel Costamagna, durante la primera mitad de los años noventa.
“La implementación de la regalía extendida fue la alternativa que terminó impulsando la industria semillera. En esa discusión intervinieron muchos intereses sectoriales y finalmente nunca se llegó a una solución completamente efectiva para resolver el problema de la propiedad intelectual”, sostuvo.
Ferrarotti consideró que una mayor eficiencia en los controles podría contribuir a reducir situaciones de evasión, aunque advirtió que se trataría apenas de una solución parcial. Recordó que, salvo durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando se dispuso el cierre del INASE, en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri existieron distintos intentos de avanzar en una normativa superadora, pero las disputas entre los distintos actores del sector impidieron alcanzar consensos.
Según señaló, durante la presidencia de Alberto Fernández también se procuró avanzar en soluciones de fondo desde el propio organismo, aunque nuevamente los intereses sectoriales frustraron esos esfuerzos.
“La implementación de la regalía extendida fue la alternativa que terminó impulsando la industria semillera. En esa discusión intervinieron muchos intereses sectoriales y finalmente nunca se llegó a una solución completamente efectiva para resolver el problema de la propiedad intelectual”, sostuvo.
A su entender, la principal diferencia respecto de aquellas propuestas históricas no radica en el concepto sino en las herramientas tecnológicas disponibles actualmente.
“La verdadera novedad es que hoy existen métodos mucho más precisos para detectar la presencia de una determinada variedad en la terminal de entrega del grano. Eso permite mejorar los controles, que en profundidad es lo que se venía necesitando”, explicó.
“El problema no es la ley, sino la falta de control”
Ferrarotti considera que Argentina cuenta desde hace décadas con un marco normativo sólido para la protección de las obtenciones vegetales, pero que su principal debilidad fue la escasa capacidad de control
“Argentina tiene una buena ley. Lo que ocurre es que esa ley pierde efectividad cuando no existen controles adecuados. Se genera una situación de anomia por defecto del Estado”, señaló. Por esa razón, valoró positivamente la creación de mecanismos que permitan verificar con mayor facilidad el uso de variedades protegidas.
“El hecho de que mejoren los sistemas de control es alentador. Ahí está el aspecto más importante de la medida”, afirmó.
Cuestionamientos a la cifra de US$ 4.000 millones
Uno de los puntos que más dudas genera al investigador es la estimación oficial que proyecta un incremento superior a los US$ 4.000 millones anuales en exportaciones gracias al nuevo esquema de protección intelectual. La cifra fue difundida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego respaldada por funcionarios del área económica.
“Resulta muy caprichosa esa cifra. No queda claro si se trata de ahorro, ganancia, captura de valor o incremento productivo. Si se explicara la metodología utilizada para llegar a ese número, podría discutirse técnicamente, refutarse o eventualmente validarse”, planteó.
El debate sobre los cultivares nuevos
Otro aspecto que genera reparos es que el nuevo protocolo se aplicará únicamente a los cultivares que se registren a partir de la entrada en vigencia de la resolución.
“Llama la atención que el nuevo procedimiento solo alcance a las variedades que se inscriban desde ahora. ¿Por qué los cultivares desarrollados anteriormente, que tampoco fueron plenamente retribuidos desde el punto de vista de la propiedad intelectual, quedarían excluidos?”, cuestionó.
Para Ferrarotti, esa limitación podría responder a negociaciones sectoriales que continúan permitiendo mecanismos para evitar el reconocimiento económico pleno a quienes desarrollaron genéticamente esas variedades.
La advertencia sobre UPOV 91 y la soberanía tecnológica
Más allá de la resolución conocida esta semana, el especialista considera que la referencia oficial a posibles futuras modificaciones normativas obliga a mantener abierto el debate sobre el rumbo de la política de propiedad intelectual en semillas.
En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de avanzar hacia sistemas como UPOV 91 o modelos de patentamiento de seres vivos que podrían restringir el acceso a información genética utilizada en los programas de mejoramiento vegetal.
“Es fundamental preservar la posibilidad de utilizar libremente la información genética contenida en variedades comerciales para generar nueva variabilidad. Esa práctica es la que permite que investigadores públicos y privados, pertenecientes a grandes corporaciones o pequeñas empresas, investigadores independientes desarrollen nuevas variedades superadoras”, explicó. Es el espíritu democrático de avance tecnológico plasmado en UPOV 78 en la denominada “excepción del fitomejorador”.
Según Ferrarotti, esa libertad de trabajo científico fue uno de los factores que permitió a la genética argentina alcanzar una posición de liderazgo regional y expandirse comercialmente hacia mercados como Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay además de otras regiones de orbe.
“Aplaudamos los métodos que ayudarán al control y actualicemos las normativas para recuperar terreno perdido. Pero también pongamos atención para que determinados sistemas no terminen convirtiéndose en un búmeran que derive en una pérdida definitiva de soberanía tecnológica en genética vegetal”, concluyó.
Genética, rendimiento y mitos
Por último, Ferrarotti rechazó la idea de que Brasil cuente con una legislación más avanzada que la Argentina en materia de protección de obtenciones vegetales. “Es una falacia afirmar que Brasil tiene una mejor ley, cuando en realidad su normativa es una copia de la argentina”, sostuvo.
En esa línea, cuestionó los argumentos que atribuyen la falta de progreso en la soja a una supuesta ausencia de incentivos para el mejoramiento genético. A su entender, esa posición fue impulsada por distintos sectores de presión que aprovecharon tres años consecutivos de sequía para instalar la idea de un estancamiento genético en el cultivo, algo que —afirmó— ha sido refutado por numerosos trabajos científicos.
Ferrarotti señaló que la baja inversión realizada por los productores durante ese período también contribuyó a reducir los rendimientos promedio nacionales, pero destacó que la última campaña dejó en evidencia el potencial de la genética disponible, con lotes que superaron los 7.000 kilos por hectárea. “El mejoramiento de soja en la Argentina continúa siendo de excelencia”, concluyó.
