La provincia de Santa Fe dio este jueves un paso clave en materia laboral y judicial. El Senado aprobó por unanimidad la reforma al Código Procesal Laboral, una iniciativa que ya contaba con media sanción de Diputados y que ahora quedó convertida en ley. El foco principal de la norma está puesto en modificar el régimen de actuación y remuneración de los peritos en causas laborales, especialmente en litigios vinculados con accidentes de trabajo y ART.
Desde el Gobierno provincial celebraron la sanción y remarcaron que la medida busca frenar la creciente judicialización laboral. En ese sentido, sostienen que el esquema vigente generaba incentivos económicos distorsivos, ya que los honorarios de los peritos podían quedar atados al monto final de las sentencias o al porcentaje de incapacidad determinado en cada caso.
Con la nueva legislación, Santa Fe apunta a establecer criterios más objetivos para la intervención pericial y avanzar hacia un sistema donde el Cuerpo Médico Forense tenga mayor protagonismo. Según el Ejecutivo, eso permitirá mayor transparencia, tiempos más ágiles y menor costo para el entramado productivo.
El argumento económico detrás de la reforma
La administración provincial viene insistiendo en que Santa Fe registra niveles de litigiosidad superiores a otras provincias. Funcionarios y entidades empresarias señalaron en los últimos meses que las firmas santafesinas afrontan sobrecostos millonarios por mayores alícuotas de ART derivadas de la cantidad de juicios laborales.
Desde sectores industriales se estimó incluso que ese impacto supera los US$100 millones anuales para las pymes locales, afectando competitividad frente a distritos como Córdoba o Mendoza.
Respaldo empresario y debate abierto
La reforma recibió respaldo de cámaras empresarias como FISFE y otras entidades productivas, que venían reclamando cambios para reducir incertidumbre judicial y mejorar condiciones para invertir y generar empleo. También hubo reuniones técnicas en la Legislatura con colegios profesionales y representantes de distintos sectores antes del tratamiento definitivo.
Qué puede venir ahora
Con la ley aprobada, el próximo paso será su reglamentación e implementación efectiva. Allí se definirá cómo operarán los nuevos mecanismos periciales y de qué manera se articularán con las comisiones médicas y el sistema judicial laboral.
Para el Gobierno de Maximiliano Pullaro, se trata de una señal proinversión y de competitividad. Para sectores críticos, en cambio, el desafío será garantizar que la reducción de litigiosidad no implique recortes en derechos laborales. El impacto real comenzará a medirse en los próximos meses.
