SanCor busca comprador para seis fábricas y sus marcas: hay diez empresas interesadas y la licitación sigue sin fecha

La liquidación de los activos de la histórica cooperativa láctea santafesina entró en una nueva etapa, aunque el proceso continúa sin un cronograma definido. La operación contempla seis establecimientos industriales y un paquete de marcas valuado inicialmente en US$ 24,7 millones. Ya hay diez empresas interesadas en participar de la compra.

La venta de los principales activos de SanCor comienza a transitar una instancia decisiva, aunque todavía no tiene fecha concreta para avanzar. Después de varios meses de planteos judiciales y cuestionamientos al procedimiento, la Cámara de Apelaciones de Rafaela habilitó la continuidad de la licitación para desprenderse de seis plantas industriales y las marcas comerciales de la histórica cooperativa láctea.

Sin embargo, la resolución judicial no se tradujo todavía en un nuevo calendario. Al 5 de noviembre, el juez Marcelo Gelcich, a cargo de la quiebra, aún no había establecido los plazos para recibir las ofertas de los potenciales compradores. Para retomar el procedimiento deberá adecuar el pliego a las modificaciones dispuestas por la Cámara.

La operación representa uno de los capítulos más importantes de la liquidación de SanCor, una empresa que durante décadas fue protagonista de la industria láctea argentina y que llegó a la quiebra después de una prolongada crisis financiera y productiva.

Seis fábricas y un paquete de marcas

El esquema aprobado por la Justicia contempla la venta de siete lotes: seis correspondientes a establecimientos industriales y uno integrado por las marcas y otros activos comerciales de la compañía.

Las plantas están ubicadas en Sunchales, Gálvez y San Guillermo, en Santa Fe, y Devoto, Balnearia y La Carlota, en Córdoba.

Por su parte, el paquete comercial incluye marcas históricas como SanCor, Mendicrim, Santa Brígida, Tholem y Quesabores, entre otros activos intangibles.

La valuación inicial del conjunto asciende a US$ 52,1 millones. De ese total, US$ 28 millones corresponden a los establecimientos industriales y US$ 24,7 millones a las marcas y otros activos comerciales. La marca SanCor, por sí sola, representa US$ 18,7 millones.

No obstante, esos valores deberán ser revisados. La Cámara ordenó completar las tasaciones para determinar el precio probable de venta de los bienes en el mercado e incorporar el impacto del incendio que afectó a la planta de Sunchales en junio pasado.

Las condiciones que deberán cumplir los compradores

Uno de los aspectos centrales del fallo es que la adjudicación no dependerá exclusivamente del monto económico ofrecido. Los interesados también deberán presentar sus planes de negocios y los compromisos de continuidad productiva y mantenimiento de puestos de trabajo.

Para evitar discrecionalidades, la Justicia deberá establecer previamente una grilla con criterios objetivos y puntajes para evaluar cada propuesta.

Además, los magistrados dispusieron que se comparen las ofertas por el paquete completo con aquellas que se presenten por establecimientos o activos individuales. La adjudicación deberá privilegiar la alternativa que permita obtener el mayor valor para afrontar el pago de los acreedores.

Otra modificación importante es que los compradores podrán realizar sus ofertas y pagar en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación. El esquema original contemplaba operaciones exclusivamente en dólares.

También se introdujeron condiciones particulares para la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, cuya titularidad está judicialmente cuestionada por su vinculación con distintos fideicomisos. Esos activos permanecerán dentro de la licitación, pero el dinero correspondiente quedará reservado en una cuenta judicial hasta que se resuelvan definitivamente los reclamos.

Diez empresas siguen de cerca la operación

El interés empresario por los activos de SanCor ya quedó reflejado en la compra de los pliegos. Antes de que el procedimiento fuera suspendido por las apelaciones, diez compañías habían adquirido la documentación necesaria para participar.

Entre ellas aparecen L3N, vinculada a Adecoagro; Milkaut; Punta del Agua; Elcor; Failar; Fidulac; SanCor Seguros; Jewell Especialidades; Finanzas y Gestión, y Alimentos Fransro.

Algunas de estas firmas tienen antecedentes de vinculación con la actividad productiva de la cooperativa. Adecoagro, por ejemplo, ya había adquirido en 2019 las plantas de Chivilcoy y Morteros, junto con las marcas Las Tres Niñas y Angelita. Elcor, fabricante de La Tonadita, mantuvo acuerdos de elaboración con SanCor en la planta de Devoto, mientras que Failar, propietaria de La Tarantela, compró anteriormente el establecimiento que la cooperativa tenía en Centeno, Santa Fe.

La diversidad de interesados también anticipa distintas estrategias: desde empresas que buscan ampliar su capacidad industrial hasta operadores interesados en incorporar marcas y ampliar su presencia comercial.

Una estructura productiva muy lejos de su pasado

El proceso de venta se desarrolla sobre una estructura industrial que sufrió un fuerte deterioro durante los últimos años.

SanCor ingresó en concurso preventivo en febrero de 2025 y, ante la imposibilidad de formular una propuesta de pago a sus acreedores, solicitó su propia quiebra, que fue declarada el 22 de abril de 2026.

La reducción de la actividad fue progresiva. La cooperativa pasó de procesar principalmente leche de sus asociados a depender de acuerdos de elaboración para terceros. Cuando esos contratos se interrumpieron, volvió a trabajar con leche propia, aunque en volúmenes mucho menores.

Uno de los datos que refleja la magnitud de la crisis es el nivel de utilización de la capacidad instalada en Sunchales: antes de la quiebra, el establecimiento funcionaba por debajo del 10% de su potencial.

La situación también impactó sobre el empleo y los acreedores. La sentencia de quiebra registró más de US$ 86 millones de pasivo concursal verificado, además de obligaciones en pesos. A su vez, documentó salarios netos impagos por $12.789 millones entre mayo de 2025 y enero de 2026.

Ahora, el desafío judicial consiste en encontrar compradores que permitan recuperar parte del valor de los activos, reactivar establecimientos y sostener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

La licitación todavía no tiene fecha de reapertura, pero su resolución será determinante para definir qué empresas quedarán al frente de los establecimientos y de algunas de las marcas más reconocidas de la industria láctea argentina.

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