El presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Miguel Simioni, se mostró sorprendido por la decisión del Gobierno Nacional de intervenir la empresa Vicentín y enviar un proyecto de ley para expropiarla. Apuntó que la principal preocupación es cómo se va a pagar la deuda y en ese sentido, adelantó que pedirán una reunión con el interventor, Gabriel Delgado.
“Estamos en un proceso de convocatoria, por lo que vamos a esperar a que se oficialice el DNU, porque acá lo que queremos recalcar es que no está claro cómo ni cuándo van a pagar”, señaló al resaltar el marco de incertidumbre por el que atraviesan a raíz de esta situación.
“Acá la pregunta es de dónde van a sacar la plata”, cuestionó Simioni, que indicó que la deuda granaria total asciende a unos US$ 350 millones. “Queremos tener claridad, por eso seguramente vamos a pedirle una reunión a (Gabriel) Delgado para saber cómo va a recuperar su acreencia el productor”, aseguró.
Si bien el presidente del Centro de Corredores de Cereales de la ciudad consideró que la crisis de Vicentín “es un default terrible” que es “transversal a todos”, expresó que quizá el gobierno se haya apurado a tomar esta medida porque “todos los días parecía que alguien se acercaba y compraba aunque nunca se concretó”.
Consultado sobre si esta medida brinda cierta tranquilidad, teniendo en cuenta otros casos de expropiaciones de empresas argentinas en el pasado, Simioni apuntó que “si nos remitimos a la historia, estas cosas no han salido bien”, pero añadió que “ahora estamos en una coyuntura muy complicada, con una empresa quebrada prácticamente” y enfatizó: “Insisto, estamos en una convocatoria y con muchos activos que la empresa tiene y estaban funcionando”.
Por último, se refirió al concepto de soberanía alimentaria manifestado el lunes por el presidente Alberto Fernández durante la conferencia de prensa: “No creo que porque el Gobierno tome Vicentín tengan asegurada la soberanía alimentaria, porque siempre estuvo asegurada”.
REDACCIÓN ON24
