El ambicioso proyecto del Parque Acuático que la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe planean desarrollar en la Costanera Norte quedó envuelto en una fuerte disputa judicial y política. En las últimas horas, un grupo de vecinos presentó un recurso ante la Justicia con el objetivo de frenar la obra mediante una medida cautelar.
La presentación ya quedó en manos del juez Quiroga y fue impulsada por el abogado Ciro Bonomelli, quien aseguró representar a “dos vecinos de Alberdi, kayakistas y usuarios del río”. Según explicó, el planteo apunta a una supuesta “falta de información” y a problemas de legitimidad en el proceso.
Sin embargo, el reclamo rápidamente desató críticas desde distintos sectores políticos y reavivó una vieja discusión en Rosario: la resistencia sistemática a proyectos de transformación urbana sobre la costa de la ciudad.
Uno de los que salió al cruce fue el exconcejal Charly Cardozo, quien cuestionó con dureza el intento de judicializar la iniciativa y puso el foco en las conexiones políticas del abogado que encabeza la presentación. “No hacen ni dejan hacer”, disparó.
Cardozo recordó además que Bonomelli es asesor del ex ministro de Transporte y dirigente massista Diego Giuliano, además de mantener vínculos políticos con el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, cercano a Ciudad Futura.
En ese marco, el dirigente del PRO ironizó sobre la contradicción política que, según considera, representa el intento de bloquear la obra en Rosario mientras el massismo impulsó desarrollos similares en Tigre. “¿Dónde funciona el parque acuático más imponente de la Argentina a la vera de dos ríos? En Tigre, donde todo pasó por la autorización de Sergio Massa y sus sucesores”, publicó en redes sociales.
Y agregó: “Justo los que hoy, mediante el abogado Bonomelli, asesor de Diego Giuliano, pretenden frenar la renovación total de La Florida y la Rambla Catalunya”.
El proyecto del Parque Acuático forma parte del plan integral de reconversión de la Costanera Norte, una de las apuestas urbanísticas más importantes que impulsan en conjunto la Provincia y el municipio para recuperar y modernizar el frente ribereño rosarino.
La iniciativa contempla nuevas áreas recreativas, infraestructura turística y espacios públicos vinculados al río, en una zona que desde hace años aparece como estratégica para potenciar el perfil turístico y de servicios de Rosario.
Detrás de la discusión judicial también asoma una disputa más profunda sobre el modelo de ciudad. Mientras el oficialismo y sectores empresarios sostienen que la obra permitirá revitalizar una zona históricamente desaprovechada y generar movimiento económico, los sectores que impulsan el amparo cuestionan el impacto ambiental y la falta de información pública sobre el proyecto.
De todos modos, desde el entorno político que respalda la iniciativa consideran que la judicialización responde más a posicionamientos ideológicos y especulaciones políticas que a objeciones técnicas reales.
La causa ahora quedó bajo análisis judicial, pero el conflicto ya escaló al terreno político y amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de la histórica pelea rosarina entre quienes buscan acelerar proyectos de desarrollo urbano y quienes, según sus detractores, terminan frenando cualquier intento de transformación.
