La Justicia dio un nuevo paso en el proceso concursal de Algodonera Avellaneda, al habilitar el procedimiento de salvataje que busca evitar que la empresa termine en la quiebra.
La compañía, perteneciente a integrantes de la familia Vicentin, mantiene su actividad industrial en Reconquista, donde cuenta con una planta e hilandería y alrededor de 360 trabajadores. La firma se encuentra en concurso de acreedores y atraviesa desde hace tiempo una compleja situación financiera.
La apertura del salvataje se produjo después de que la empresa no consiguiera reunir las mayorías de capital necesarias para alcanzar un acuerdo preventivo con sus acreedores. El expediente está a cargo del juez Fabián Lorenzini.
Uno de los principales protagonistas del proceso es el Banco Nación, que concentra más del 80% del pasivo quirografario computable de la compañía. El crédito verificado y admisible de la entidad asciende a unos $1.585,8 millones y US$260,8 millones, según surge del expediente judicial.
Una disputa que condicionó el concurso
La posición del Banco Nación fue determinante para el desenlace de esta etapa. Algodonera Avellaneda había solicitado que la entidad fuera excluida del cálculo de las mayorías necesarias para aprobar una propuesta concursal, al considerar que se trataba de un acreedor que obstaculizaba el acuerdo.
El planteo, sin embargo, fue rechazado por el juez Lorenzini. El magistrado consideró que el Banco Nación actuó en defensa de sus propios intereses como acreedor y que no existían elementos suficientes para apartarlo del proceso.
Ante la falta de las mayorías requeridas, la Justicia resolvió avanzar con el denominado salvataje o cramdown, una instancia que permite que terceros interesados intenten hacerse cargo de la compañía y alcanzar un acuerdo con los acreedores.
Quiénes podrán intentar quedarse con la empresa
El juzgado habilitó un registro para que puedan presentarse acreedores, una eventual cooperativa de trabajadores o terceros interesados en adquirir las cuotas de capital de Algodonera Avellaneda y conseguir las mayorías necesarias para cerrar el concurso.
La inscripción comenzará el 29 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 5 de octubre de 2026.
El proceso tendrá además una condición relevante: los potenciales interesados deberán acreditar antecedentes y capacidad para operar en la actividad. Entre los requisitos que deberá establecer la sindicatura figuran la experiencia en el sector textil, la existencia de canales comerciales activos y la conducta tributaria de los últimos cinco años.
La propia empresa también podrá participar de esta instancia, sin necesidad de realizar una inscripción previa, siempre que manifieste su voluntad dentro del expediente.
Una planta que todavía funciona, pero con capacidad limitada
El caso presenta una particularidad: pese a la magnitud de su crisis financiera, Algodonera Avellaneda mantiene actividad productiva.
De acuerdo con el expediente judicial, la planta trabaja actualmente alrededor del 60% de su capacidad, afectada principalmente por problemas en la maquinaria de la hilandería.
La compañía logró sostener parte de sus operaciones mediante contratos de fasón, cuyos ingresos son destinados principalmente al pago de salarios. Sin embargo, esa actividad no genera actualmente un margen suficiente para comenzar a reducir el pasivo acumulado.
La situación patrimonial también es delicada. El fallo señala que la empresa presenta patrimonio neto negativo y un pasivo que supera ampliamente el valor de sus activos.
El próximo paso será decisivo
La apertura del salvataje abre ahora una ventana para que aparezcan inversores, acreedores u otros actores interesados en darle continuidad al negocio.
El escenario será especialmente relevante para Reconquista y el norte santafesino, por el impacto que tendría una eventual caída de la compañía sobre sus 360 trabajadores y sobre la cadena vinculada a la actividad textil.
Si no aparecen interesados capaces de avanzar con una propuesta viable, el proceso podría desembocar finalmente en la quiebra. Mientras tanto, la Justicia buscará que la empresa pueda mantener sus operaciones y, especialmente, preservar los contratos de fasón que hoy permiten sostener el pago de los salarios.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la situación de una empresa que forma parte del entramado industrial de Santa Fe y que quedó atrapada entre un fuerte endeudamiento, una estructura patrimonial deteriorada y la necesidad de encontrar un nuevo esquema que permita mantenerla en funcionamiento.
