El sector alimenticio plantea que la norma argentina genera desventajas frente a Brasil y pide armonizar reglas dentro del Mercosur.
La discusión por el etiquetado frontal volvió al Congreso. Los diputados Daiana Fernández Molero, del PRO, y Alejandro Bongiovanni, de La Libertad Avanza, reingresaron un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº 27.642, conocida por la aplicación de los octógonos negros en alimentos envasados y bebidas analcohólicas.
La iniciativa llega en un contexto de mayor impulso desregulatorio por parte del Gobierno nacional y cuenta con respaldo del sector privado alimenticio, particularmente de empresas nucleadas en Copal, la cámara que representa a la industria de alimentos y bebidas.
El proyecto apunta directamente a eliminar la obligatoriedad de exhibir los sellos que advierten sobre excesos de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio. También dejaría sin efecto las restricciones publicitarias, entre ellas la prohibición de utilizar personajes infantiles, mascotas animadas, celebridades o influencers en envases de productos alcanzados por la norma.
El principal argumento de la industria no pasa sólo por el mercado interno, sino por la integración regional. Desde el sector sostienen que el esquema argentino quedó desalineado frente a otros países del Mercosur, especialmente Brasil, que utiliza otros parámetros y otra forma gráfica para informar al consumidor.
Uno de los puntos más cuestionados es el perfil de nutrientes adoptado por Argentina, basado en criterios de la Organización Panamericana de la Salud. Según la industria, ese sistema mide los excesos en función de la proporción sobre el total de calorías del alimento y no por cantidad absoluta cada 100 gramos, lo que generaría una aplicación más restrictiva que la de los socios comerciales.
En ese sentido, fuentes empresarias señalaron que, bajo la normativa argentina, hasta un 90% de ciertos productos puede quedar alcanzado por sellos, mientras que en Brasil ese nivel sería del 60%. Para las compañías, esa diferencia impacta sobre la competitividad y complica la circulación de productos dentro del Mercosur.
El proyecto, sin embargo, no establece un reemplazo inmediato. Propone derogar la ley vigente e insta al Poder Ejecutivo a avanzar en un nuevo sistema informativo unificado.
La ofensiva empresaria ya encontró resistencia en el plano regional. En el Parlasur, el Frente Parlamentario contra el Hambre impulsó una declaración para promover una ley regional de etiquetado frontal basada en estándares similares a los argentinos. Organizaciones como FAGRAN y FIC Argentina defendieron el modelo actual y advirtieron sobre una eventual regresividad en materia de información al consumidor y protección de las infancias.
El debate vuelve así a instalar una tensión de fondo: para la industria, la ley vigente funciona como una barrera técnica que dificulta la integración comercial; para sus defensores, los octógonos son una herramienta sanitaria y de información al consumidor que no debería flexibilizarse por razones de competencia regional.
