En un movimiento que reconfigura de manera decisiva el escenario de Vicentin, Molinos Agro y Louis Dreyfus Company resolvieron abandonar la pulseada judicial que mantenían contra la homologación del acuerdo concursal, cerrando así uno de los frentes legales más relevantes que amenazaban la estabilidad de la nueva etapa de la agroexportadora santafesina.
La decisión implica que ambas compañías desistieron de la apelación presentada contra la resolución judicial que validó el proceso de reestructuración y, en los hechos, deja mucho más consolidada la posición de Mariano Grassi al frente de la firma.
El repliegue de dos pesos pesados del negocio agroexportador no es menor. Tanto Molinos Agro como Dreyfus habían participado activamente del proceso de salvataje de Vicentin con una propuesta alternativa para quedarse con el control de la compañía, prometiendo continuidad operativa y una inyección de capital para reactivar el grupo.
Sin embargo, con el acuerdo homologado en marcha y la operatoria ya mostrando señales de normalización, ambas firmas optaron por dar por cerrado ese capítulo.
La decisión también reduce de manera significativa la incertidumbre judicial que todavía pesaba sobre el futuro de Vicentin. Mientras la apelación seguía abierta, persistía el riesgo de que se reabrieran discusiones sobre la validez del proceso concursal. Con ese frente fuera del tablero, la conducción actual gana margen para enfocarse en la consolidación operativa y financiera.
La nueva administración ya comenzó a ejecutar compromisos asumidos en el acuerdo. Según trascendió, casi 800 acreedores sobre un total de 1.722 ya ingresaron al esquema de pagos previsto.
En paralelo, activos industriales estratégicos volvieron a mostrar movimiento. La planta de Ricardone se encuentra operando con procesamiento de girasol, mientras que el complejo de San Lorenzo reactivó sus líneas vinculadas a soja. También avanza la normalización del denominado Nodo Norte, clave dentro del entramado industrial del grupo.
La salida de Molinos y Dreyfus también deja una lectura empresarial de fondo: después de años de conflicto, litigios y disputa por activos, el costo de seguir confrontando judicialmente habría perdido sentido frente a un proceso que ya comenzó a ejecutarse.
La crisis de Vicentin se remonta a fines de 2019, cuando la compañía declaró default por más de US$ 1.300 millones, desatando uno de los colapsos empresariales más impactantes de la historia reciente argentina, con fuerte impacto en Santa Fe por su peso industrial, logístico y exportador.
Aunque este movimiento no implica el cierre total de todas las derivaciones judiciales y societarias vinculadas al caso, sí marca el final de uno de los capítulos más sensibles del proceso de reestructuración.
