Según ruralistas, el caso de Vicentín debería funcionar como señal de advertencia para el empresariado de todos los sectores. Así lo manifestó Ignacio Mántaras, el secretario de CARSFE (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe), y agregó que el juez del concurso debería rechazar la intervención del gobierno nacional.
“Nos parece un atropello al Poder Judicial, eso es lo grave de la medida”, dijo Mántaras en diálogo con radio Rivadavia. Y siguió: “La propiedad privada garantizada por nuestra Constitución Nacional es inviolable, solamente ante una sentencia de un juez o ante una ley es vulnerable, pero no ante un decreto de necesidad de urgencia de un Presidente”.
Mántaras negó que la iniciativa del gobierno sea un alivio para los productores y aseguró que “el mercado granario es transparente y dinámico. No requiere ni intervención del Estado ni empresas testigo”.
“Esto genera preocupación no tanto por la injerencia que puede tener Vicentín con gestión estatal, sino por la forma en que un gobierno se queda con una empresa , y debería preocupar no solo al agro”.
REDACCIÓN ON24
