El empresario Gustavo Scaglione volvió a quedar en el centro de la pelea por el futuro de SanCor. A través de Fidulac S.A., sociedad que preside y que es acreedora de la histórica cooperativa láctea, presentó ante la Justicia un pedido para dejar sin efecto el pliego licitatorio y suspender el proceso de venta de los activos de la compañía.
La presentación apunta contra la resolución firmada el 11 de junio por el juez Marcelo Gelcich, que aprobó las bases y condiciones para avanzar con la liquidación de las plantas industriales, las marcas y otros bienes de SanCor.
El planteo de Fidulac no sólo objeta cuestiones formales del procedimiento. También introduce una discusión económica de fondo: sostiene que vender por separado las plantas y las marcas podría terminar reduciendo el valor de realización de los activos y, en consecuencia, perjudicar a los acreedores.
La sociedad presentó un recurso de revocatoria con nulidad y advirtió que avanzar con el esquema actual podría generar consecuencias difíciles de revertir, especialmente si luego se adjudican activos bajo un diseño que, según su mirada, no garantiza la maximización del valor de la quiebra.
El punto central del reclamo es que, de acuerdo con Fidulac, no se realizó una valuación de SanCor como negocio integral ni se comparó cuánto podría obtenerse mediante una venta unificada frente a una liquidación por partes.
En ese argumento aparece el valor estratégico de la marca. Para el grupo de Scaglione, el principal activo de SanCor no estaría en los “fierros” sino en el poder comercial de su nombre. La marca SanCor, junto con sus submarcas, fue valuada en u$s 24,7 millones, mientras que el conjunto de las seis plantas industriales tiene una base de u$s 27,4 millones.
La base total fijada por la Justicia asciende a u$s 52,1 millones e incluye las plantas de Devoto, Gálvez, La Carlota, Balnearia, San Guillermo y Sunchales, además de la marca principal y submarcas como Mendicrim, Quesabores, Tolem y Santa Brígida.
Según la posición de Fidulac, una planta industrial asociada al uso de una marca reconocida tendría un valor económico sustancialmente mayor que una planta vendida de manera aislada. Por eso, el esquema de venta por separado podría limitar la competencia entre interesados y achicar el recupero para la masa de acreedores.
Scaglione no es un recién llegado a la historia reciente de SanCor. Fidulac fue una de las impulsoras del fideicomiso SanCor Capital, una iniciativa que en 2021 buscó encarar un salvataje de la cooperativa con una inyección prevista de u$s 60 millones. En aquella operación también aparecían nombres como Marcelo Figueiras, José Urtubey, Jorge Estévez y Leandro Salvatierra.
Ahora, con la empresa ya en etapa de liquidación, el empresario rosarino vuelve a intervenir en el proceso desde su rol de acreedor. Su planteo puede convertirse en una bisagra: si la Justicia lo acepta, la venta podría quedar en pausa y abrirse una nueva discusión sobre el formato de realización de los activos.
La disputa se da en medio del interés de varios jugadores por quedarse con partes de SanCor. Entre los nombres que participaron de las primeras reuniones aparecen Adecoagro, Savencia, Punta del Agua, Elcor, La Tarantela y el propio grupo vinculado a Scaglione.
La definición ahora queda en manos del juzgado. Lo que está en juego no es sólo quién comprará las plantas o las marcas, sino bajo qué esquema se venderá una de las compañías más emblemáticas de la industria láctea argentina.
