En un nuevo capítulo del populismo argentino, el presidente Alberto Fernández anunció ayer la intervención del Grupo Vicentín, uno de los players líderes del mercado oleaginoso a nivel regional e internacional, y además, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiar las empresas de la compañía, actualmente con concurso de acreedores tras declararse en default de pagos.
Fernández adujo que como la empresa “ha atravesado una enorme crisis” y “su principal acreedor es el Estado Nacional a través del Banco Nación”, se dispuso “una serie de medidas con el propósito de rescatarla para que continúe” sus operaciones, sus trabajadores mantengan sus puestos laborales y los cerca de 2.600 productores perjudicados por esta situación “puedan seguir contando” con la empresa.
“Por este motivo, estamos firmando un DNU que impone la intervención del Grupo Vicentín”, señaló el presidente, designando a Gabriel Delgado como interventor. Y subrayó que “estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo para que el Estado Nacional se haga cargo”.
La iniciativa declara a la empresa de utilidad pública. “Estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional, haciéndonos cargo a través de una empresa mixta como YPF”, indicó.
Es que todos los activos pasarían a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión será encomendada a YPF Agro. “Nosotros buscamos que una empresa líder de capitales públicos y privados pueda hacerse cargo de la gestión futura (…) Esto significa volver a poner de pie a esta empresa tan importante y poder tener una empresa testigo en el mercado de granos y de cambios”.
Según Fernández, esta determinación “era una demanda que veníamos recibiendo de muchos sectores santafesinos y una preocupación del Gobierno de Santa Fe también”. En ese sentido, sostuvo que “es una decisión que favorece al país para lograr la soberanía alimentaria que Argentina necesita”.
Si bien el mandatario aseguró que “nos vamos con el propósito de denunciar, sino de mantener en pie a una empresa muy importante”, apuntó que “si en el trayecto nos encontramos con alguna irregularidad, lo pondremos a disposición de la Justicia”.
Desde la oposición santafesina, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, advirtió que se trata de “una maniobra peligrosa del Gobierno porque esconde una forma indirecta de intervenir en el mercado”.
“Ya pasamos por estas malas experiencias con Aerolíneas Argentinas, YPF y Ciccone, donde los argentinos terminamos pagando con más impuestos cifras millonarias de empresas que el Estado decide quedarse de forma unilateral”, afirmó Angelini. “Ahora quieren quedarse con Vicentín y hablan de soberanía alimentaria; hace semanas iban por todas las empresas que habían subsidiado por la pandemia; por lo tanto, nada nos garantiza que en los próximos meses haya más intentos de confiscaciones”, alertó.
En esa línea de pensamiento, el diputado agregó que “con los mismos argumentos que adujo el presidente para anunciar esta medida, mañana podrán avanzar con facilidad contra decenas de empresas que quizá puedan concursar producto de esta cuarentena de más de 80 días. Entonces, una vez más lo decimos y lo lamentamos: el Kirchnerismo volvió con diferente cara, pero volvió por todo”.
REDACCIÓN ON24
