En un país atravesado por la discusión sobre el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y el esfuerzo que se exige a ciudadanos y empresas, Fundación Libertad volvió a poner bajo la lupa el costo de las estructuras políticas provinciales.
El relevamiento, elaborado sobre los Presupuestos Provinciales 2026 de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinó que las jurisdicciones destinarán en conjunto $1,835 billones al funcionamiento de sus poderes legislativos.
Distribuido entre los 1.199 diputados y senadores provinciales, el monto representa un promedio de $1.531 millones anuales por legislador, equivalente a unos $128 millones mensuales por representante.
El indicador no corresponde al sueldo que percibe cada diputado o senador. El cálculo toma el presupuesto completo asignado a la función legislativa —incluyendo personal, asesores, secretarios y demás gastos de funcionamiento— y lo divide por la cantidad de representantes de cada jurisdicción.
Para Javier Bongiovanni, director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad, los resultados plantean una discusión que va más allá de cuánto cobra un legislador y alcanza al tamaño y costo de las estructuras políticas.
“En un país donde todos los días se les pide un esfuerzo a los ciudadanos, la política no puede quedar al margen”, señaló.
Bongiovanni planteó que el debate no pasa por debilitar el funcionamiento institucional de los poderes legislativos, sino por revisar la utilización de los recursos públicos. “El esfuerzo no puede hacerlo siempre el ciudadano”, sostuvo, al señalar la necesidad de revisar gastos, estructuras y privilegios y fortalecer la rendición de cuentas.
Argentina versus España
Uno de los datos más contundentes del relevamiento surge de la comparación internacional.
Las legislaturas de las comunidades autónomas españolas destinan aproximadamente $761.166 millones a su funcionamiento, frente a los $1,835 billones presupuestados por las provincias argentinas.
La diferencia implica que Argentina gasta 2,41 veces más que España en el funcionamiento de estas estructuras legislativas.
La brecha también aparece al medir el costo por representante.
En Argentina, el promedio asciende a $1.531 millones anuales por legislador, mientras que en las comunidades autónomas españolas se ubica en aproximadamente $628 millones.
También cambia la composición del gasto. En las provincias argentinas donde fue posible obtener información desagregada, aproximadamente el 84% del presupuesto legislativo se destina a personal. En sus pares españolas, esa participación ronda el 60%.
Santa Fe, entre las más caras por legislador
Las diferencias dentro de Argentina son igualmente significativas.
Tucumán encabeza el gasto por representante, con $3.725 millones anuales por legislador. Le siguen CABA, con $3.402 millones; Chaco, con $3.057 millones; Santa Fe, con $2.780 millones; y Buenos Aires, con $2.746 millones.
En el extremo opuesto aparecen San Luis, con $176 millones, y Santiago del Estero, con $206 millones anuales por legislador.
Las diferencias permiten dimensionar la disparidad entre estructuras provinciales. El costo de un legislador tucumano es aproximadamente seis veces superior al de uno jujeño, mientras que entre Chaco y Santiago del Estero la brecha se acerca a quince veces.
En el caso de Santa Fe, el costo por legislador resulta 3,5 veces superior al de Córdoba.
Santa Fe destina $191.813 millones a su Legislatura
El relevamiento también analiza cuánto representan las legislaturas dentro de los presupuestos de cada provincia.
En Santa Fe, durante 2026 se destinarán $191.813 millones al Poder Legislativo, una cifra aproximadamente 45% superior a los recursos asignados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En el conjunto de las jurisdicciones, las legislaturas representan aproximadamente el 1,15% del gasto provincial total.
Sin embargo, nuevamente aparecen importantes diferencias.
En Tucumán, el Poder Legislativo absorbe el 3,66% del presupuesto provincial; en Catamarca, el 2,64%; y en Chaco, el 2,22%.
El caso tucumano vuelve a sobresalir: los $182.504 millones destinados a su Legislatura equivalen al 43% del gasto de capital previsto por la provincia para todo el año.
27 empleados por cada legislador
Otro de los puntos que explica el costo de las estructuras legislativas es la cantidad de personal.
En las provincias donde fue posible acceder a esa información, Fundación Libertad calculó un promedio de 27 trabajadores por cada legislador, incluyendo empleados permanentes y transitorios, secretarios y asesores.
Las diferencias son considerables.
Corrientes registra 72 empleados por legislador; Chaco, 70; y Formosa, 62.
En el otro extremo aparecen San Luis, con dos trabajadores por representante; Santiago del Estero, con cinco; y Córdoba, con ocho.
El peso del personal también se refleja directamente en los presupuestos: en promedio, 84 de cada 100 pesos destinados al funcionamiento de las legislaturas provinciales corresponden a gastos de personal.
Casi los mismos legisladores, costos muy distintos
La comparación con España permite incluso enfrentar estructuras de dimensiones similares.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 138 diputados y senadores, mientras que la Asamblea de Madrid tiene 135 representantes.
La cantidad de legisladores es prácticamente idéntica. Sin embargo, el costo por representante bonaerense alcanza los $2.746 millones anuales, frente a aproximadamente $515 millones en Madrid.
Es decir, el costo por legislador en Buenos Aires es 5,3 veces superior al de Madrid.
También aparece una diferencia significativa al comparar Santa Fe con Galicia: el costo santafesino alcanza los $2.780 millones por legislador, frente a aproximadamente $527 millones en la comunidad española.
Los números vuelven así sobre la discusión que plantea Bongiovanni: el debate fiscal no debería detenerse únicamente en cuánto gasta el Estado en servicios, infraestructura o programas públicos, sino alcanzar también el costo y la dimensión de las propias estructuras políticas.
En momentos en que el ordenamiento de las cuentas públicas exige esfuerzos a distintos sectores de la sociedad, el economista sintetiza el planteo en una definición: la política también debe revisar cuánto cuesta y cómo utiliza los recursos que administra.
