La controversia por los loteos comercializados por el Grupo Roma sumó un nuevo capítulo en Rosario. El Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad recibió denuncias contra inmobiliarias que participaron de operaciones vinculadas con distintos desarrollos que acumulan demoras, trámites pendientes y dificultades para concretar las entregas.
El vicepresidente de la entidad, José Ellena, explicó que un grupo de compradores se presentó ante el Colegio para exponer su situación y recibir asesoramiento respecto del papel que tuvieron los profesionales que intervinieron en las operaciones.
El dirigente puso el foco en la obligación de los corredores de brindar información precisa sobre las condiciones de los inmuebles que ofrecen. Según explicó, cuando un intermediario no comunica de manera adecuada el estado de un proyecto o aprovecha el desconocimiento del comprador, puede quedar sujeto a una evaluación por parte del Tribunal de Ética de la institución.
La situación de los desarrollos
Los reclamos de compradores abarcan distintos emprendimientos ubicados en localidades del área metropolitana de Rosario. Entre los problemas denunciados aparecen falta de habilitaciones, obras pendientes y demoras de varios años en la entrega de los terrenos.
En algunos casos, los compradores adquirieron los lotes entre 2020 y 2021 y todavía no cuentan con la posesión esperada. Otros plantean dificultades relacionadas con obras de infraestructura necesarias para avanzar con los proyectos, como servicios eléctricos o trabajos hídricos.
Uno de los casos difundidos recientemente corresponde a un lote adquirido en General Lagos por unos US$27.000, cuya entrega estaba prevista para 2023. Otro comprador, en Ibarlucea, señaló que terminó de abonar su terreno pero encontró posteriormente inconvenientes vinculados con infraestructura y suministro eléctrico. Se trata de testimonios de compradores y las circunstancias particulares de cada emprendimiento deberán ser determinadas por los organismos correspondientes.
Qué responsabilidad tienen las inmobiliarias
El debate que ahora alcanza al sector inmobiliario pasa por determinar hasta dónde llega la responsabilidad de quienes participaron como intermediarios en la comercialización.
Ellena sostuvo que el corredor debe conocer y comunicar las condiciones del proyecto que ofrece. En ese sentido, diferenció entre una demora administrativa y una situación en la que el desarrollo presenta dificultades que podrían impedir su concreción.
La entidad analiza los casos desde el punto de vista de la actuación profesional de los corredores matriculados. Si se determina que existieron incumplimientos éticos, el Colegio puede aplicar sanciones dentro de sus competencias, aunque no tiene facultades judiciales para resolver eventuales reclamos económicos o indemnizaciones de los compradores.
En paralelo, distintas situaciones vinculadas con los loteos permanecen bajo análisis y los compradores evalúan otras vías administrativas y judiciales para intentar recuperar el dinero invertido o avanzar con la finalización de los proyectos.
El punto crítico: vender antes de contar con todas las aprobaciones
Otro de los aspectos que quedó expuesto es la comercialización de desarrollos inmobiliarios durante etapas previas a la obtención de todas las autorizaciones necesarias.
Desde el Colegio de Corredores señalaron que este tipo de situaciones no es excepcional en el mercado y que algunos emprendimientos comienzan a promocionarse mientras todavía atraviesan instancias de aprobación ante organismos públicos.
El problema aparece cuando los plazos administrativos se extienden durante años o cuando las condiciones originales del proyecto terminan siendo inviables y requieren modificaciones sustanciales.
Para los compradores, la diferencia entre una demora y un desarrollo que no puede concretarse resulta determinante: en el primer escenario existe una expectativa de finalización; en el segundo, el activo adquirido puede quedar sin posibilidad de utilización en los términos originalmente ofrecidos.
Un conflicto que involucra a varios actores
La discusión también abrió interrogantes sobre el rol de los desarrolladores, las inmobiliarias y los organismos públicos que intervienen en la aprobación de los loteos.
El vicepresidente del Colegio planteó que las responsabilidades deben analizarse en función de la actuación concreta de cada participante. En ese sentido, mencionó tanto al desarrollador que comercializa un proyecto como a los intermediarios que intervienen en la venta y a las autoridades que eventualmente otorgan autorizaciones o avales.
Mientras continúan los reclamos de los compradores, el caso también genera preocupación dentro del sector inmobiliario rosarino por el impacto que puede tener sobre la confianza en los desarrollos de lotes y sobre las obligaciones de los profesionales que intervienen en este tipo de operaciones.
Por ahora, las responsabilidades concretas deberán establecerse en cada expediente y a partir de la documentación disponible, mientras los organismos competentes continúan analizando los distintos casos.
