El caso cordobés marca un precedente que podría replicarse en otras provincias con situaciones similares. Sin ir más lejos, Santa Fe mantiene un reclamo vigente y aún sin resolución por una deuda estimada entre $800.000 y $850.000 millones, actualizada a octubre de 2024.
El acuerdo se da en el contexto de los reclamos históricos de varias provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación y que, sin embargo, deben recibir fondos para cubrir sus déficits previsionales.
Santa Fe, a la espera de la Corte
Según confirmaron desde la Casa Gris, el gobierno santafesino está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina una fecha para una audiencia en el marco de la demanda que presentó en agosto de 2024. En esa presentación judicial, el Estado provincial cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que suspendió de forma “intempestiva e inconsulta” las transferencias que la Nación realizaba mensualmente a la Caja de Jubilaciones provincial.
La demanda también solicita una medida cautelar para que los pagos se repongan de manera urgente. Los fondos que reclama Santa Fe se basan en acuerdos firmados hace más de 30 años, cuando la Nación, a cambio de reducir la masa coparticipable que transfería a las provincias, se comprometió a cubrir los déficits previsionales de las cajas no transferidas.
Santa Fe fue una de las provincias que decidió mantener el control de su sistema previsional. No obstante, los fondos comprometidos por Nación nunca llegaron con regularidad ni en montos actualizados, lo que terminó deteriorando el equilibrio fiscal provincial y generó una deuda acumulada millonaria. Incluso, durante los últimos años, los pagos se realizaron con estimaciones antiguas, sin actualizaciones por inflación ni por los aumentos reales de gastos, lo que profundizó el desacople financiero.
El conflicto escaló con la firma del decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, cuyo artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023, y con ello, los mecanismos de transferencia. La judicialización fue el camino elegido por Santa Fe, a diferencia de Córdoba, que ahora logró un acuerdo administrativo con Nación en el marco del REOR.
Mientras tanto, el precedente cordobés renueva las expectativas en Santa Fe, que busca una resolución favorable en la Corte Suprema para destrabar una deuda que no solo compromete el presente fiscal, sino también la sostenibilidad de su sistema previsional.
