La Convención Reformadora debatirá sólo 42 artículos clave de la Constitución santafesina. Un detalle de los ejes habilitados, marca por qué esta reforma puede marcar un cambio profundo, aunque van a quedar temas sin tocar como la unicameralidad por ejemplo.
Este domingo 13 de abril, los santafesinos elegiremos a 69 convencionales constituyentes que tendrán en sus manos una tarea histórica: reformar la Constitución provincial. No será una reforma total ni libre. Los convencionales sólo podrán tratar los temas específicamente habilitados por la ley de necesidad sancionada por la Legislatura en diciembre pasado, que define con precisión los artículos y aspectos que podrán ser discutidos.
Pese a las limitaciones, el abanico temático es amplio y toca fibras sensibles del funcionamiento institucional, político y social de la provincia. En total, se podrán reformar 42 de los 116 artículos actuales, además de sumar capítulos o secciones que resulten necesarios para la implementación de las modificaciones.
Cambios políticos, derechos y modernización
El debate sobre una reforma constitucional en Santa Fe lleva décadas. En esta oportunidad, los consensos legislativos permitieron avanzar, aunque no sin renunciamientos. Por ejemplo, no se podrá debatir la eliminación del sistema bicameral ni discutir la representación territorial en el Poder Legislativo. En cambio, sí estarán en el temario cuestiones vinculadas al poder político, los derechos ciudadanos y la modernización del Estado.
Reelección hasta dos mandatos
Reforma del poder político:
Límite a la reelección indefinida: Se permitirá sólo hasta dos mandatos consecutivos para todos los cargos electivos: gobernador, vice, legisladores, intendentes y concejales.
Residencia obligatoria en la provincia para legisladores.
Extensión del período de sesiones ordinarias, que actualmente va de mayo a noviembre.
Revisión del sistema electoral para diputados, eliminando la mayoría automática y estableciendo el sistema D’Hont puro.
Fin de fueros y privilegios, para permitir que legisladores y funcionarios puedan ser juzgados mientras ejercen su función.
Equilibrio fiscal como principio constitucional.
Creación del Ministerio de Coordinación, con acuerdo legislativo, para mejorar la articulación entre poderes.
Reforma del sistema judicial: establece que la Corte Suprema tendrá siete miembros y un procurador general, con paridad de género y edad máxima de 75 años.
Constitucionalización del Consejo de la Magistratura y creación de un tribunal para enjuiciar a jueces y fiscales fuera del proceso de juicio político.
Reconocimiento constitucional de la autonomía municipal, promoviendo la creación de áreas metropolitanas y órganos interjurisdiccionales.
Nuevos derechos y garantías:
Incorporación de la seguridad pública como derecho fundamental.
Derechos digitales y lucha contra el cibercrimen.
Acceso universal a servicios públicos y reconocimiento del acceso al agua como derecho.
Derecho a un ambiente sano, con perspectiva de desarrollo sostenible ante el cambio climático.
Ampliación de la libertad de expresión y reconocimiento del derecho a buscar, recibir y difundir información.
Reconocimiento del derecho a la salud, a la educación obligatoria secundaria, al trabajo decente y a la negociación paritaria.
Derechos de consumidores y usuarios, en línea con la Constitución Nacional.
Medidas de acción positiva para sectores vulnerables, como mujeres y disidencias, personas con discapacidad, pueblos originarios, juventudes y personas mayores.
Democracia semidirecta: se habilita la incorporación de mecanismos como consulta popular, referéndum, iniciativa popular, revocatoria de mandato y audiencias públicas.
Tres ítems sensibles
Revisión del artículo 3, que declara a la religión católica como oficial de la provincia.
Revisión del artículo 9, que aborda las garantías individuales ante detenciones y abusos de autoridad.
Establecer un régimen público e intransferible de jubilaciones y pensiones para empleados provinciales, impidiendo su privatización o nacionalización.
Transparencia y límites
Si bien no todo lo deseado podrá discutirse en esta reforma y el poder político se reservó temas “intocables” para la llamada “casta”, lo habilitado representa una gran oportunidad para modernizar la Constitución provincial, que fuera revisada por última vez hace 62 años, tal como referenció el especialista en temas jurídicos de la Fundación Libertad, Garret Edwards, en oportunidad de una entrevista de ON24.
Habrá que ver, una vez confirmada la Reforma, si estará adecuada a los desafíos del siglo XXI. La mirada está puesta en lograr mayor transparencia, fortalecer la democracia, limitar el poder y garantizar derechos fundamentales para todos los santafesinos.
