La agenda de desregulación impulsada por el Gobierno nacional empieza a trasladarse a distintas normativas provinciales. En Santa Fe, la diputada provincial libertaria Malena Malfesi pidió que la administración de Maximiliano Pullaro elimine el vencimiento del Carnet de Manipulador de Alimentos y adopte un esquema similar al establecido por Nación.
La legisladora presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo provincial que adecúe la normativa vigente a través de un decreto, eliminando la obligación de renovar el carnet cada tres años.
El planteo parte de una premisa central: si una persona ya acreditó los conocimientos necesarios para manipular alimentos de manera segura, la renovación periódica del certificado no necesariamente aporta un beneficio sanitario.
En ese sentido, Malfesi cuestionó que la exigencia pueda convertirse en una carga administrativa y económica para trabajadores y empresas. “Una vez adquirido el conocimiento, la renovación obligatoria no persigue un fin sanitario, sino un mero propósito recaudatorio”, sostuvo la legisladora.
El impacto sobre trabajadores y empresas
La propuesta apunta directamente a una exigencia que alcanza a quienes desarrollan actividades vinculadas con la elaboración, producción, comercialización y manipulación de alimentos. La eliminación del vencimiento implicaría reducir trámites y costos asociados a la renovación periódica del carnet.
Desde la mirada de la diputada, la modificación se inscribe en una política más amplia de simplificación normativa y eliminación de regulaciones que considera innecesarias, en línea con el proceso de desregulación llevado adelante por el Gobierno nacional.
El planteo abre, además, un debate sobre el equilibrio entre control sanitario y reducción de cargas burocráticas. Mientras la propuesta sostiene que la capacitación ya acreditada debería conservar su validez, la discusión también involucra el rol de las autoridades sanitarias en la actualización permanente de los conocimientos de quienes manipulan alimentos.
El pedido ahora queda en manos del Ejecutivo santafesino, que deberá evaluar si la normativa provincial puede adecuarse al nuevo criterio nacional mediante una modificación reglamentaria.
La iniciativa de Malfesi se suma así a una serie de planteos que buscan que las provincias acompañen el proceso de desregulación impulsado por la Nación, trasladando esa discusión desde grandes sectores de la economía hacia trámites y requisitos que impactan cotidianamente sobre trabajadores, comercios y pequeñas empresas.
