El reclamo que unificó a más de un centenar de intendentes en todo el país expone una tensión que va más allá de lo político y se mete de lleno en la economía productiva: el costo de los combustibles, la paralización de la obra pública y la caída de los fondos nacionales comienzan a impactar en la actividad y en el funcionamiento de las ciudades.
“El pedido es claro: retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, reactivar las obras paralizadas y frenar el recorte de fondos”, sintetizó el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, en línea con el planteo que los jefes comunales llevaron al Ministerio de Economía.
El eje del conflicto tiene múltiples derivaciones económicas. Por un lado, el aumento del precio de los combustibles —que según dirigentes superó ampliamente la evolución de salarios e inflación en los últimos meses— impacta directamente en el costo del transporte, la logística y, en consecuencia, en los precios finales de bienes y alimentos.
Por otro, los intendentes advierten que una parte significativa de los recursos que se recaudan a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos no está siendo destinada a su fin original: la inversión en infraestructura. Según los reclamos, esos fondos —que ascienden a varios billones de pesos— deberían financiar obras viales y de desarrollo productivo en todo el país.
La falta de ejecución de esas partidas se refleja en otro punto crítico: la paralización de la obra pública. De acuerdo a estimaciones del sector, miles de proyectos quedaron detenidos en los últimos años, con impacto directo en el empleo, la actividad de la construcción y el desarrollo regional.
En ese contexto, los municipios enfrentan una doble presión. Por un lado, la caída de transferencias nacionales y de la coparticipación reduce su capacidad de financiamiento. Por otro, el deterioro de la infraestructura y el aumento de costos elevan la demanda de servicios en los territorios.
El planteo de fondo, entonces, trasciende el reclamo coyuntural: pone en discusión el equilibrio entre ajuste fiscal y sostenimiento de la actividad económica. Para los intendentes, la combinación actual —combustibles más caros, menos obra pública y menores recursos— termina afectando no solo a las cuentas municipales, sino también a la competitividad de las economías regionales.
Desde esa perspectiva, el mensaje que dejó la movilización es claro: el impacto del ajuste ya no se limita a variables macroeconómicas, sino que empieza a sentirse en la producción, el empleo y la vida cotidiana en las ciudades.
