La investigación que terminó con la detención del empresario agropecuario Ricardo Alberto Baravalle en Venado Tuerto abrió una nueva dimensión alrededor de su situación patrimonial. Al expediente penal por presuntas maniobras defraudatorias en operaciones ganaderas se suma ahora la compleja trama de sociedades, concursos y activos que aparece en distintos expedientes judiciales y que, según un abogado que interviene en algunos de ellos, podría derivar en nuevos planteos ante la Justicia.
Baravalle fue detenido la semana pasada luego de un operativo que incluyó nueve allanamientos en Venado Tuerto. La investigación del Ministerio Público de la Acusación apunta a presuntas estafas vinculadas con la compra de ganado. De acuerdo con información difundida sobre la causa, una de las operaciones bajo análisis involucró 360 cabezas de ganado por más de $271 millones, mientras que la pesquisa habría detectado posteriormente decenas de cheques rechazados y un perjuicio global superior a los $1.300 millones.
Entre los lugares allanados estuvo la sede de Ricedal Alimentos. La empresa salió posteriormente a aclarar que no mantiene una vinculación societaria con Braf Agropecuaria, firma cuyo socio gerente es Baravalle, y sostuvo que el vínculo entre ambas compañías se limita a relaciones familiares. También remarcó que los procedimientos no estuvieron dirigidos contra Ricedal ni contra sus directivos o accionistas. Pero el frente penal no es el único problema.
Un concurso preventivo que suma interrogantes
El 16 de junio pasado, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de Venado Tuerto declaró la apertura del pequeño concurso preventivo de Ricardo Alberto Baravalle. El expediente es el CUIJ 21-24625468-8.
Según el testimonio de uno de los abogados que intervienen en expedientes relacionados, la discusión patrimonial adquiere especial relevancia porque, al presentarse en concurso, Baravalle habría declarado inicialmente una participación del 30% en Braf Agropecuaria y un cuatriciclo como principales activos.
El abogado sostiene que esa declaración resultaba llamativa frente a otras participaciones societarias que, según su planteo, surgirían de antecedentes comerciales y judiciales. Entre ellas menciona Monte Redondo S.R.L., Baher S.R.L. y Ricedal Alimentos S.A.
A partir de ese planteo, la sindicatura habría comenzado a revisar la composición real del patrimonio denunciado. El profesional consultado asegura que recientemente se presentó una ampliación de activos, aunque todavía resta conocer qué valoración hará la Justicia sobre esa información.
La cuestión no es menor: si dentro de un concurso preventivo se comprobara que fueron omitidos deliberadamente bienes o participaciones societarias relevantes, el caso podría adquirir una dimensión diferente y abrir la puerta a pedidos vinculados con la continuidad del proceso concursal.
En paralelo, Braf Agropecuaria atraviesa su propio proceso judicial. La propia familia Baravalle informó que la firma se encuentra involucrada en un proceso falencial ante la Justicia Civil del Departamento General López.
El otro expediente que vuelve a poner a Del Potro en escena
La segunda historia conduce a Tandil y tiene como protagonista indirecta a la familia de Juan Martín Del Potro.
Agroganadera Reconquista SA ingresó en concurso preventivo en noviembre de 2025, por decisión del Juzgado en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Azul, con asiento en Tandil. El expediente es el número 13.086 y tiene designado como síndico al contador Pablo Esteban Puppio.
La sociedad está vinculada históricamente con la familia Del Potro. De acuerdo con antecedentes periodísticos, Daniel Horacio Del Potro, padre del extenista, estuvo al frente de las empresas familiares vinculadas con la actividad agropecuaria, entre ellas Agroganadera Reconquista y Agrocomercial Tandil.
El expediente actual incorpora una cuestión particularmente sensible: según el abogado consultado, uno de los inmuebles rurales pertenecientes a Agroganadera Reconquista habría sido entregado en alquiler a Agrocomercial Tandil, otra sociedad vinculada al mismo grupo familiar, sin que se hubieran abonado regularmente los cánones correspondientes.
La situación habría sido señalada dentro del propio concurso y, siempre según el testimonio recogido, posteriormente se habría informado la existencia de un acuerdo para cancelar esa deuda de alquiler.
El punto que genera cuestionamientos es que las dos sociedades tendrían integrantes de la misma familia en posiciones relevantes. Por eso, el abogado plantea que el acuerdo debería ser analizado dentro del expediente para determinar si existió efectivamente un perjuicio para los acreedores de la empresa concursada.
Hasta el momento, no surge de las fuentes públicas consultadas una resolución judicial que determine que haya existido un delito o una maniobra fraudulenta en este punto. Se trata, por lo tanto, de una cuestión denunciada y bajo análisis dentro del proceso concursal.
Una historia que ya había llegado a la Justicia
La relación entre Juan Martín Del Potro y las empresas familiares vinculadas a la actividad agropecuaria no es nueva para los tribunales.
En 2014, la entonces AFIP había denunciado al tenista por una presunta maniobra de evasión fiscal relacionada con la utilización de la sociedad uruguaya Bongarden SA, propiedad de sus padres. Según aquella presentación, la firma había recibido millones de dólares correspondientes a contratos comerciales y luego había otorgado préstamos al propio Del Potro. Parte de esos fondos fueron destinados, según la denuncia, a inversiones en Agroganadera Reconquista y Agrocomercial Tandil.
Años más tarde, la situación patrimonial de las empresas familiares volvió a quedar expuesta a partir de reclamos de acreedores. Incluso en 2024 la Justicia de Rosario ordenó citar a Juan Martín Del Potro en una demanda ejecutiva iniciada contra Agroganadera Reconquista y otros.
Ahora, con Agroganadera Reconquista formalmente dentro de un concurso preventivo, la lupa está puesta sobre la composición del patrimonio, los contratos entre empresas vinculadas y el destino de los activos que deberían quedar a disposición de los acreedores.
Dos expedientes, una misma pregunta
Aunque se trata de procesos diferentes y sin conexión judicial directa entre sí, los dos casos tienen un punto en común: qué bienes y activos pertenecen realmente a las personas o sociedades concursadas y cómo fueron administrados antes y durante los procesos judiciales.
En el caso Baravalle, la discusión se da en paralelo a una investigación penal por presuntas estafas en la compraventa de hacienda y a un concurso preventivo abierto en Venado Tuerto. La familia Baravalle, a través de Ricedal, ya salió públicamente a diferenciar a la empresa de la situación personal y comercial de Ricardo Baravalle hijo.
En Tandil, en tanto, Agroganadera Reconquista atraviesa un concurso preventivo en el que los acreedores ya fueron llamados a verificar sus créditos y la sindicatura tiene a su cargo analizar la situación patrimonial de la compañía.
El abogado consultado resume la preocupación en un concepto central del derecho concursal: si una empresa mantiene sus pasivos dentro de una sociedad concursada pero sus activos o la explotación económica de esos bienes terminan funcionando en otra sociedad vinculada, la Justicia debe determinar si hubo una operación legítima o un desplazamiento patrimonial en perjuicio de los acreedores.
Por ahora, ninguna de esas hipótesis puede darse por probada. Lo que sí existe es una serie de expedientes abiertos, informes de sindicatura, denuncias y planteos que colocan bajo análisis el patrimonio de dos grupos empresarios familiares y que podrían generar nuevas definiciones judiciales en los próximos meses.
