La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo de alto impacto para la industria agroquímica al pronunciarse a favor de Bayer en la causa vinculada al herbicida Roundup. La resolución establece que los estados no pueden obligar a la empresa a incorporar advertencias sobre un eventual riesgo de cáncer en el etiquetado del producto si la regulación federal no lo exige.
La decisión revierte un fallo anterior de un tribunal de Misuri, que había condenado a Monsanto —empresa adquirida por Bayer en 2018— a indemnizar a un usuario que atribuyó el desarrollo de un linfoma no Hodgkin a la exposición prolongada al glifosato y sostuvo que el producto no advertía adecuadamente sobre ese riesgo.
Con una mayoría de siete votos contra dos, los jueces entendieron que la legislación federal que regula los pesticidas prevalece sobre las normas estatales en materia de etiquetado. En ese sentido, remarcaron que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) no considera que el glifosato requiera una advertencia por riesgo cancerígeno y ha aprobado la comercialización de Roundup bajo esas condiciones.
Para Bayer, el pronunciamiento representa un respaldo clave en una batalla judicial que se extiende desde hace varios años y que generó fuertes costos para la compañía. Desde la compra de Monsanto, la empresa desembolsó más de 10.000 millones de dólares para resolver litigios relacionados con Roundup y aún mantiene importantes reservas para afrontar reclamos pendientes.
La firma sostuvo que el fallo aporta mayor previsibilidad jurídica y podría contribuir a reducir significativamente el volumen de demandas futuras vinculadas al herbicida.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y abogados que representan a demandantes cuestionaron la resolución al considerar que restringe las posibilidades de reclamar en los tribunales estatales y debilita la protección de los consumidores.
El debate sobre la seguridad del glifosato continúa abierto. Mientras la EPA sostiene que, utilizado de acuerdo con las indicaciones, no existe evidencia suficiente para clasificarlo como cancerígeno, otros organismos científicos, como la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), lo ubicaron años atrás dentro de la categoría de sustancias “probablemente cancerígenas para los seres humanos”, una diferencia de criterios que sigue alimentando la controversia científica y judicial.
