Rematarán autos de alta gama

La Secretaría de Hacienda y Economía Municipal inició acciones judiciales con 541 vehículos que arrastran deudas del impuesto a la patente. En junio se habían sacado cerca de 9200 intimaciones por el mismo motivo, para montos adeudados de más de 5000 pesos. Según explicó la subsecretaria Margarita Zabalza en el programa Con Sentido Común de Fisherton CNN, los procesos se iniciaron en primera instancia contra los propietarios de mayor poder adquisitivo y mayor nivel de deuda. “El próximo paso será esperar la sentencia de remate que dicte el juez correspondiente, que esperamos salga en un mes”, disparó la funcionaria.

Según informó Zabalza, desde la municipalidad ya se presentaron las respectivas medidas cautelares trabando embargos, con los cuales se evita que los propietarios puedan transferir los vehículos sin antes cancelar sus deudas. El monto total estimado sin cobrar ronda los 92 millones de pesos, de lo cual se regularizó un 10%, conforme las cifras que reveló la subsecretaria.

 

Margarita Zabalza – Subsecretaria de Economía Municipal

La metodología empleada consiste en realizar una preselección ahora, basada en el nivel de ingreso de los propietarios y en los impuestos adeudados, luego continuar en forma progresiva. “Iniciar acciones judiciales es costoso; sin embargo se seguirá avanzando en los próximos meses”, explicó.

En cuanto a las boletas que no llegan y a las irregularidades del sistema que pueden entorpecer los trámites de los contribuyentes, Zabalza reconoció que las bases de datos de patentamientos “son muy malas”. Sin embargo, aclaró que “hoy se cuenta con las herramientas para encontrar a los verdaderos propietarios”. De cualquier modo, subrayó: “No creo que esos sean los principales problemas para el pago del impuesto”.

El promedio de la deuda de aquellos que fueron llevados a la justicia es de 22.000 pesos. Los mismos pueden optar por regularizar la situación de contado o bien acordando un plan de pago en cuotas, afrontando además el encarecimiento causado por los gastos del proceso judicial. 

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