La provincia de Santa Fe avanza con un ambicioso plan de mantenimiento y reparación de su red vial, en un contexto marcado por el deterioro de las rutas y la falta de inversión nacional. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que se destinarán más de $50.000 millones para intervenir sobre los tramos más comprometidos, priorizando tareas de bacheo, sellado y corrección de deformaciones.
A diferencia de una repavimentación integral —cuyo costo puede superar los $30.000 millones para apenas 30 kilómetros—, el esquema diseñado apunta a un mantenimiento intensivo y extendido. “No hablamos de kilómetros sino de metros cuadrados de intervención”, explicó el funcionario, al describir un sistema que divide la provincia en seis zonas operativas.
Cada área será adjudicada a una empresa que deberá desplegar dos frentes de trabajo simultáneos, lo que permitirá alcanzar un total de 12 puntos de obra en paralelo. El plazo estimado para estas tareas es de ocho meses, bajo una lógica que el propio ministro definió más como “un servicio de mantenimiento” que como una obra tradicional.
En paralelo, el gobierno provincial avanza con licitaciones para obras de mayor escala. Entre ellas se destacan la reconstrucción completa de la Ruta 25 —conocida como el “camino de la cremería”— y trabajos en la Ruta 1, en el norte santafesino.
El deterioro de la infraestructura vial en la provincia tiene una particularidad: la alta circulación de transporte pesado. Según Enrico, cerca de 1,9 millones de camiones atraviesan Santa Fe cada año, muchos de ellos con cargas de hasta 45 toneladas, lo que acelera el desgaste de las rutas. “Ninguna provincia sufre lo que sufre Santa Fe en términos de tránsito pesado”, afirmó.
En este contexto, el ministro también se refirió a la situación de las rutas nacionales y al proceso de transferencia de algunos corredores a la órbita provincial. Santa Fe ya inició las gestiones para hacerse cargo de la A012, una traza clave para el acceso a los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, el traspaso aún no se concretó y continúa en negociación con Vialidad Nacional.
Frente a la decisión del Gobierno nacional de retirarse del financiamiento de la infraestructura vial, la provincia analiza alternativas para sostener las inversiones. Una de las opciones en estudio es la creación de una tasa específica aplicada al transporte de carga, especialmente a los camiones que ingresan a los puertos.
“La lógica es que quien más impacta sobre la ruta contribuya a su mantenimiento”, explicó Enrico. A diferencia de un sistema de peajes tradicional, el esquema evaluado apunta a cobrar el canon en los accesos portuarios, sin incluir por ahora a los vehículos livianos.
Si bien aún no hay una definición sobre el monto, el ministro reconoció que el valor dependerá del nivel de obras que se pretenda financiar. “Cuanto más baja la tasa, más limitado es el plan de obra; si se busca una mejora estructural con carriles adicionales o puentes, la inversión es mayor”, sostuvo.
La iniciativa forma parte de un debate más amplio sobre cómo sostener la infraestructura en una provincia clave para la logística agroexportadora del país, donde el flujo de camiones y la falta de mantenimiento generan cuellos de botella y mayores costos operativos.
