Las recientes declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, encendieron la polémica en el sector inmobiliario. En el marco de un nuevo paquete de medidas que el Gobierno nacional prevé enviar al Congreso, el funcionario apuntó contra los colegios profesionales, cuestionó la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos, y planteó que esas regulaciones distorsionan el funcionamiento del mercado.
La respuesta no tardó en llegar. Desde Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, su presidenta, María Cristina Peracchia, rechazó los cuestionamientos y aseguró que las críticas “no se ajustan a la realidad”.
“Los colegios profesionales surgen a partir de una ley nacional, la 25.028, que obligó a las provincias a exigir formación universitaria para ejercer el corretaje inmobiliario. A partir de ahí se crearon las carreras y los colegios que regulan la profesión”, explicó.
En ese sentido, Peracchia sostuvo que el rol de los colegios no es restringir el mercado, sino garantizar estándares mínimos de profesionalización y transparencia. “El mercado inmobiliario está absolutamente desregulado, es una actividad liberal. La contratación de un corredor no es obligatoria. Lo que hacemos es controlar la matrícula y asegurar que quien intermedia tenga la formación adecuada”, señaló.
Uno de los puntos más cuestionados por el Gobierno es el esquema de honorarios. Según la titular del COCIR, existe una interpretación errónea: “Los honorarios no son mínimos obligatorios, sino topes establecidos por ley. Además, el colegio no se financia con esos honorarios, sino con la matrícula anual de los profesionales”.
Para Peracchia, avanzar hacia una desregulación total podría generar efectos contrarios a los buscados. “Si no hay colegiación ni control, en contextos de alta demanda podrían aparecer intermediarios informales cobrando incluso más caro. Eso implicaría una desprotección para la sociedad, tanto en lo económico como en lo legal”, advirtió.
Consultada sobre si eliminar la intermediación podría abaratar las operaciones, fue categórica: “No necesariamente. Los honorarios no determinan el precio final de una propiedad. Incluso podría haber un desorden mayor en los valores si todo queda librado sin ningún tipo de regulación”.
La dirigente también puso el foco en el marco institucional que respalda la actividad. Recordó que en Santa Fe la profesión está regulada por ley provincial y cuenta con reconocimiento constitucional. “Las profesiones liberales tienen un rol definido. No se trata de estatizar el mercado, sino de dar garantías de transparencia y seguridad en operaciones que implican montos importantes”, subrayó.
Además, destacó el rol de los colegios en la fiscalización del ejercicio ilegal de la actividad: “Tenemos un departamento que denuncia a quienes operan sin matrícula. Eso también es proteger al consumidor”.
Las declaraciones de Peracchia se dan en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa una agenda de desregulación amplia, que ya tuvo impacto en el mercado inmobiliario con la derogación de la ley de alquileres. Ahora, el foco parece estar puesto en modificar el rol de los intermediarios y avanzar hacia un esquema con menor intervención institucional.
Mientras tanto, desde el sector advierten que una liberalización total podría abrir interrogantes sobre la seguridad jurídica y la transparencia en las operaciones, en un mercado donde —según remarcan— la confianza y la información son activos clave.
