El Gobierno provincial puso en marcha el proceso para recuperar los costos generados por operativos ante falsas amenazas en escuelas, una problemática que creció en los últimos días y tensiona los recursos de seguridad.
La medida fue formalizada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, a través de la Directiva N° 05/2026. Allí se instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para el resarcimiento económico en coordinación con Fiscalía de Estado.
Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se realizaron 158 intervenciones, la gran mayoría concentradas en los primeros días. Cada operativo implica un costo base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser mayor según el despliegue.
Las investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitieron identificar a varios responsables, todos menores de edad. Por eso, el reclamo económico se dirigirá a sus padres o tutores, conforme al protocolo vigente.
El procedimiento se activa una vez identificados los autores: se realiza un relevamiento de gastos, se conforma un expediente individual y luego se envía una intimación formal de pago con plazo perentorio. Si no hay respuesta, interviene Fiscalía de Estado con acciones judiciales que pueden sumar intereses, costas y gastos adicionales.
“No son bromas”
Desde el Ejecutivo remarcaron que estas situaciones tienen impacto directo en la seguridad pública, ya que movilizan recursos que dejan de estar disponibles para prevención.
“No se trata de bromas: son conductas que generan consecuencias reales”, señalaron fuentes oficiales. Además, aclararon que el cobro no es una sanción penal, sino un reclamo civil independiente que puede avanzar sin esperar una condena judicial.
También recordaron que las amenazas en escuelas están tipificadas en el Código Penal, por lo que pueden derivar en responsabilidades penales además del reclamo económico.
El Gobierno cerró con un mensaje dirigido a las familias: piden mayor acompañamiento y control sobre niñas, niños y adolescentes, y advierten sobre la necesidad de tomar dimensión del impacto que generan estas conductas.40
