La cuarta marcha universitaria volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre el sistema público de educación superior y el Gobierno nacional, con reclamos por la caída del financiamiento, el deterioro salarial docente y la situación crítica de hospitales universitarios. Pero en paralelo al debate coyuntural por el ajuste, reaparece otra discusión más estructural: qué tan eficiente es hoy el sistema universitario argentino y qué reformas necesita para mejorar sus resultados.
El reclamo actual se apoya en un deterioro presupuestario concreto. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó 29%, mientras docentes denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo y rectores alertan sobre un éxodo de profesionales hacia el sector privado. Los salarios básicos de referencia muestran la evolución nominal del conflicto: un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva percibía $591.355 en la primera marcha universitaria de abril de 2024; $808.583 en octubre de ese año; $935.685 en septiembre de 2025; y $1.060.054 en la movilización de este martes.
Sin embargo, los problemas del sistema no comenzaron con el actual ajuste. Un informe elaborado por Fundación Libertad en 2025 ya advertía severos déficits estructurales en el funcionamiento de la universidad pública, incluso en un escenario en el que Argentina destinaba a educación universitaria una proporción del PBI superior a la actual.
Uno de los datos más contundentes del informe es la baja capacidad de graduación del sistema. Según ese relevamiento, Argentina registra apenas 20 egresados cada 100 ingresantes, muy por debajo de otros países de la región como Brasil, con 27, y especialmente Chile, con 82.
En términos absolutos, durante 2023 cursaban carreras de grado y pregrado en universidades nacionales 1.932.311 estudiantes, pero solo se registraron 84.871 egresados. La brecha se vuelve aún más evidente al analizar la evolución de la última década: desde 2013, la matrícula universitaria creció 39,1%, mientras que la cantidad de graduados aumentó apenas 10,3%.
El problema no parece limitarse solo a la finalización de carreras. El informe también advierte sobre bajos niveles de avance académico. En promedio, el 55,2% de los estudiantes de universidades públicas nacionales aprueba una sola materia o ninguna por año, mientras apenas el 13,2% logra aprobar seis o más materias anuales, el ritmo considerado necesario para completar una carrera dentro de los tiempos teóricos previstos.
Incluso en la Universidad de Buenos Aires, la principal casa de estudios del país, el 48,3% de los alumnos aprueba como máximo una materia anual, según el mismo trabajo.
Los indicadores abren interrogantes sobre la productividad general del sistema y la asignación de recursos. La tasa de graduación promedio en universidades públicas es de 20,7%, mientras que en instituciones privadas asciende a 41,7%.
Otro dato que suma debate es la estructura docente. El promedio en universidades nacionales es de un docente cada 13 alumnos, una relación que obliga a preguntarse si el problema pasa exclusivamente por falta de recursos o también por modelos de gestión, incentivos académicos, permanencias excesivamente prolongadas y ausencia de mecanismos más exigentes de seguimiento del rendimiento.
En el plano internacional, el informe también marcaba diferencias significativas. Mientras apenas el 19% de los argentinos de entre 25 y 34 años alcanza un título terciario o universitario, Chile llega al 41%, Colombia al 35%, Costa Rica al 32%, México al 28% y Brasil al 24%.
La discusión universitaria, así, parece haber dejado de ser exclusivamente presupuestaria. El ajuste profundizó una crisis real, pero los números sugieren que la discusión de fondo excede la puja por recursos y obliga a revisar cómo funciona un sistema que amplía el acceso, pero muestra fuertes dificultades para transformar ese ingreso masivo en graduación efectiva, movilidad social y capital humano calificado.
