Santa Fe volvió a quedar en el centro del debate por la litigiosidad laboral. Con 2.241 nuevos juicios por riesgos del trabajo sólo en abril y un acumulado de 6.535 demandas en el primer cuatrimestre de 2026, la provincia exhibió una de las curvas de crecimiento más pronunciadas del país, con una suba interanual del 24,9% en abril respecto del mismo mes del año pasado.
El dato surge de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que advirtió sobre el fuerte contraste entre la dinámica santafesina y el promedio nacional. Mientras en todo el país se registraron 39.687 nuevos juicios entre enero y abril, apenas un 2,3% más que en igual período de 2025, Santa Fe mostró un salto mucho más acelerado, consolidándose como uno de los principales focos de preocupación del sistema.
La presión sobre el esquema de ART no es menor. A nivel nacional, el sistema ya acumula 135.000 demandas en los últimos doce meses, con una proyección que podría llevar a 138.600 juicios al cierre de 2026, un nuevo récord.
La reacción de Santa Fe
En este contexto, la provincia comenzó a mover piezas con cambios normativos y judiciales orientados a reducir el flujo de litigios.
Entre las medidas más relevantes aparece la reciente reforma del Código Procesal Laboral, aprobada con el objetivo de acercar a Santa Fe a modelos de provincias con matrices productivas comparables, como Córdoba y Mendoza, donde los niveles de conflictividad judicial son menores.
Los cambios centrales incluyen:
Reducción del plazo de caducidad a 90 días, cuando anteriormente el margen para iniciar reclamos se extendía hasta dos años.
Límite a los honorarios periciales, uno de los puntos históricamente cuestionados por el sector asegurador y empresarial.
Fortalecimiento del Cuerpo Médico Forense, una herramienta clave para descomprimir la judicialización mediante evaluaciones técnicas más homogéneas.
Desde la UART consideran que la combinación entre la reforma procesal y la reciente puesta en funciones del Cuerpo Médico Forense por parte de la Corte Suprema de Santa Fe abre un escenario más favorable para contener la escalada.
Un problema que impacta sobre el empleo
El trasfondo del debate excede el plano judicial. Para el sector empresario y asegurador, el crecimiento sostenido de la litigiosidad introduce costos adicionales, incertidumbre y menor previsibilidad sobre el empleo formal.
Aunque Santa Fe no es la provincia con mayor volumen absoluto de demandas —Buenos Aires sigue liderando por escala— sí aparece hoy como uno de los distritos con mayor deterioro relativo.
El dato resulta aún más sensible en una provincia con fuerte peso industrial, agroexportador y logístico, donde la discusión sobre competitividad viene ganando centralidad.
El interrogante ahora es si las nuevas herramientas lograrán revertir una dinámica que, hasta ahora, parecía avanzar sin freno.
