La tensión en la Vía Navegable Troncal (VNT) y los principales puertos agroexportadores e industriales del país alcanzó un punto crítico. Tras la entrada en vigencia del Decreto 690/26, dictado por el Ejecutivo para desregular el servicio de practicaje y baquía, los prácticos iniciaron una medida de fuerza masiva —denunciada como un “lock out” de hecho— argumentando falta de condiciones de seguridad jurídica y operacional.
Frente a una parálisis que amenaza con estrangular el flujo del comercio exterior en plena campaña, el sector agroindustrial alzó la voz para exigir la conformación inmediata de una mesa de diálogo en la que participen representantes del Gobierno nacional, los prácticos, los usuarios de la vía navegable y las agencias marítimas.
Más de 140 buques afectados y desvío a paises vecinos
El impacto operativo en los puertos ya es de gran magnitud. A través de la Nota CNAV Nº 057/26, enviada al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Mg. Iñaki Arreseygor, y al Director de Policía de Seguridad de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, P.G. José Fernando Dos Santos, el Centro de Navegación encendió todas las alarmas del sector agroexportador y logístico.
Según la nota firmada por las autoridades de la entidad —Julio Delfino (Presidente), Pablo Tsolis (Secretario), Alfonso M. Jozami (Gerente General) y Miguel Reyes (Asesor General)—, la falta de toma de servicio por parte de los prácticos es generalizada en todo el sistema fluvio-marítimo. “La complejidad de la situación ha escalado al punto tal que, hasta el momento, se registran al menos ciento cuarenta (140) buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y/o pilotaje, lo cual se verá acrecentado con el correr de las horas por la sumatoria de otros tantos buques que están pautados a ingresar y salir próximamente del sistema de la Vía Navegable Troncal”, advierte el documento elevado a la autoridad marítima.
La parálisis no solo frena el ingreso de divisa fresca por exportaciones agrícolas, sino que destruye la logística que conecta el “Up River” rosarino con los puertos atlánticos. El informe detalla la cancelación de operaciones de buques que ya estaban pautados en Argentina y que han sido redireccionados hacia el Puerto de Montevideo (Uruguay) y terminales del sur de Brasil.
Esta fuga de cargas afecta de manera directa a los puertos de:
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La Plata, Dock Sud y Buenos Aires
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Zárate-Campana
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Nodos del Up River (Gran Rosario)
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Quequén y Bahía Blanca
El Centro de Navegación remarcó que este desvío de buques implica la pérdida directa de operaciones de transbordo que habían sido repatriadas a la Argentina tras años de esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado.
Pérdidas millonarias
Las cámaras agroindustriales y las agencias marítimas coinciden en que el costo económico de esta parálisis crecerá exponencialmente con el paso de las horas. Entre las consecuencias inmediatas identificadas se destacan:
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Fuga de divisas e incurrimiento en extra costos: El freno operativo implica pérdidas millonarias en divisas acumuladas, sobrecostos por demoras de buques (demurrage), incitación al lucro cesante y posibles incumplimientos de contratos internacionales de suministro.
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Saturación y riesgo de parálisis industrial: Las plantas procesadoras y acopios corren el riesgo de agotar su capacidad de almacenamiento de granos, subproductos y manufacturas, amenazando la continuidad de plantas productivas a lo largo de todo el país.
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Peligro logístico y de seguridad: La acumulación de buques fondeados en rada y en canales estrechos propicia la congestión de la navegación en aguas nacionales, atentando contra la seguridad de las personas, las tripulaciones y los activos de los armadores.
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Impacto en el empleo y la reputación internacional: La inoperatividad pone en riesgo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en la cadena portuaria y daña severamente la credibilidad y la reputación comercial de la Argentina en el mercado global.
El reclamo de la agroindustria: diálogo urgente
Ante el rápido deterioro del escenario comercial y logístico, desde la agroindustria señalaron que la vía de salida debe ser institucional. Por ello, instaron a las autoridades a convocar urgentemente a una mesa de negociación multilateral entre el Poder Ejecutivo, las entidades que representan a los prácticos, las agencias marítimas que coordinan la operatividad y las cámaras agroexportadoras usuarias del sistema.
En el sector recuerdan además el marco legal vigente que pesa sobre la actividad. El practicaje constituye un servicio público (cfr. Art. 99, Ley de Navegación 20.094) y ha sido expresamente declarado como “actividad trascendental” bajo el marco de la Ley 27.802. Por esta razón, el Centro de Navegación y los actores productivos solicitaron la “urgente intervención” de la Prefectura Naval y de la Agencia Nacional de Puertos para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios de practicaje, pilotaje y baquía en todas las vías navegables del país.
