La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una profunda reforma del mercado inmobiliario abrió un nuevo frente de conflicto entre la administración de Javier Milei y los colegios profesionales vinculados al corretaje de propiedades.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, busca modificar aspectos centrales de la actividad inmobiliaria con el objetivo de reducir costos, aumentar la competencia y facilitar las operaciones de compra y venta de inmuebles.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas económicas que el Ejecutivo pretende impulsar durante este año y es observada con atención por desarrolladores, inversores y empresas del sector, que consideran que una simplificación regulatoria podría contribuir a dinamizar un mercado que recién comienza a mostrar señales de recuperación.
Los cambios que propone el Gobierno
Entre los principales puntos que analiza la Casa Rosada aparecen la flexibilización de las matrículas profesionales, la eliminación de honorarios mínimos obligatorios y una mayor apertura para que nuevos actores puedan participar de las operaciones inmobiliarias.
Desde el Gobierno sostienen que las regulaciones actuales encarecen las transacciones y limitan la competencia. La apuesta oficial es que una menor intervención estatal permita reducir costos para compradores y vendedores, favoreciendo además el desarrollo del crédito hipotecario y un mayor volumen de operaciones.
La visión es compartida por parte del sector desarrollador, que entiende que la modernización del marco regulatorio podría acompañar el crecimiento que comenzó a registrar el mercado tras la recuperación de los préstamos hipotecarios y la reactivación de la demanda de viviendas.
La resistencia de los colegios profesionales
Sin embargo, la propuesta genera una fuerte reacción entre las entidades que agrupan a corredores inmobiliarios en distintas provincias.
Los colegios profesionales consideran que la eliminación o flexibilización de la matriculación obligatoria podría afectar los controles sobre la actividad, aumentar la informalidad y generar riesgos para la seguridad jurídica de las operaciones.
Por esa razón, distintas organizaciones ya comenzaron a analizar estrategias legales para cuestionar la eventual aplicación de la reforma, argumentando que la regulación de las profesiones es una facultad que corresponde a las provincias y no al Estado nacional.
Ese punto podría convertirse en el principal eje de una futura disputa judicial, especialmente si la normativa avanza sobre atribuciones actualmente administradas por los colegios profesionales y las jurisdicciones provinciales.
Un debate que excede al sector inmobiliario
Más allá del negocio inmobiliario, el conflicto plantea una discusión más amplia sobre el alcance de las políticas de desregulación que impulsa la administración Milei.
Mientras el Gobierno busca eliminar barreras que considera artificiales para fomentar la competencia y reducir costos, los sectores afectados sostienen que algunas regulaciones cumplen una función de control y protección para los consumidores.
Por eso, aun cuando la iniciativa logre avanzar en el Congreso, numerosos especialistas anticipan que parte de la discusión continuará en los tribunales. El resultado de esa disputa no solo definirá el futuro del corretaje inmobiliario, sino que también podría convertirse en un antecedente clave para otras reformas desregulatorias que el Ejecutivo tiene en carpeta.
