Durante el encuentro, la empresa reconoció las dificultades financieras que enfrenta y planteó como alternativa el pago inmediato del 30% de los salarios correspondientes, mientras que el 70% restante quedaría sujeto a la obtención de un financiamiento que, por el momento, no tiene una fecha cierta. La propuesta fue rechazada por los representantes sindicales, que reclamaron el pago íntegro de los haberes.
Además del desacuerdo económico, la negociación estuvo atravesada por un fuerte cruce entre las partes. Desde la empresa señalaron que se habrían producido episodios de sabotaje sobre equipos de la planta, una acusación que fue desmentida de manera categórica por los gremios, lo que terminó elevando aún más la tensión durante la audiencia.
En paralelo, la firma solicitó que se dicte una conciliación obligatoria preventiva para evitar medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones, aunque el escenario sigue abierto a la espera de una definición por parte de la cartera laboral provincial.
Una crisis que excede el conflicto salarial
La discusión por los salarios se da en un contexto de extrema fragilidad económica para Celulosa Argentina, que permanece en cesación de pagos y atraviesa un concurso preventivo de acreedores.
Días atrás, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo resolvió extender el cronograma del proceso concursal debido al volumen y la complejidad de las acreencias presentadas. El pasivo de la compañía supera los 140 millones de dólares e involucra reclamos de entidades financieras, proveedores, organismos públicos y trabajadores.
Como parte del nuevo calendario judicial, la sindicatura tendrá plazo hasta el 30 de marzo de 2027 para elaborar el informe individual sobre los créditos verificados, mientras que el próximo 10 de noviembre deberá presentar un informe de avance sobre el estado del proceso.
Cambio de control y activos bajo intervención
El complejo panorama financiero se arrastra desde el año pasado, cuando el fondo CIMA Investments, liderado por Esteban Nofal, tomó el control de la compañía tras adquirir el 45,5% del paquete accionario por un valor simbólico de un dólar, asumiendo además una deuda financiera superior a los 128 millones de dólares.
A esa situación se sumó recientemente la decisión de la Justicia Comercial de intervenir Forestadora Tapebicuá S.A.U., controlada por Celulosa Argentina y considerada estratégica para el abastecimiento de materia prima. La medida implicó el desplazamiento de la administración de la empresa con el objetivo de preservar los activos en medio de la cesación de pagos y de una fuerte caída de las ventas.
Mientras tanto, los trabajadores continúan a la espera de una solución que garantice el cobro completo de sus salarios, en un escenario donde la incertidumbre financiera y productiva sigue condicionando el futuro de una de las principales compañías del sector papelero argentino.
