Semillas con código abierto

Experiencias de software libre y ciencia ciudadana. Ya existen iniciativas concretas en otros países

Un grupo de investigadores propone el uso colaborativo del conocimiento en la agricultura, inspirados en experiencias de software libre y ciencia ciudadana. Ya existen iniciativas concretas en otros países.

El desarrollo de modelos colaborativos y de innovación abierta para la generación de conocimiento, que ya fueron probados con éxito en el movimiento de software libre, podría trasladarse en un futuro a la investigación, el desarrollo y la comercialización de semillas en la Argentina, como una alternativa al sistema de protección de propiedad intelectual vigente.

Actualmente, la industria semillera posee un alto nivel de concentración. Apenas tres grupos empresarios controlan más de la mitad del comercio de semillas a escala global. Por eso, un equipo de abogados, sociólogos, economistas, agrónomos y genetistas, entre otros, buscan democratizar el modo en que se producen los alimentos y superar la gran desconfianza que pesa sobre el sistema de patentes, entendiendo que en lugar de ser un estímulo para la creatividad, muchas veces representa un freno al desarrollo científico-tecnológico.

El debate por el sistema de propiedad intelectual se da en el marco de las modificaciones que el Gobierno planea realizar en la Ley Nacional de Semillas. Estos cambios podrían afectar las excepciones que prevé la norma sobre los derechos del obtentor, según las cuales, si una empresa lanza al mercado una variedad mejorada, no transgénica, la información debería quedar disponible para que toda la comunidad pueda incorporarla a sus líneas de investigación y emplearla como fuente de germoplasma para continuar el mejoramiento.

Para Gustavo Schrauf, profesor titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), las modificaciones que se prevén realizar sobre la Ley de Semillas en la Argentina podrían implicar un retroceso fuerte e ir en la línea opuesta, como sucede en Estados Unidos, donde sí es posible patentar un cultivar y, con ello, impedir que pueda ser utilizado como parte de un nuevo desarrollo. En este sentido, indicó que uno de los borradores del acuerdo que se propone alcanzar entre el Mercosur y la Unión Europea incluye una restricción a la posibilidad de compartir el conocimiento generado sobre el germoplasma.

Ante esta disyuntiva, se están construyendo formas alternativas a nivel global que buscan garantizar que los beneficios del mejoramiento sean orientados al conjunto de la sociedad. Una de estas iniciativas surge del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT-CONICET), asociado a la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), cuyos investigadores desarrollaron una licencia denominada Bioleft, que favorece la circulación del conocimiento y su reutilización bajo ciertas normas de uso.

Modelos en pugna

¿En qué consisten estos modelos de innovación abierta? ¿Qué diferencias tienen respecto de las normas vigentes de propiedad intelectual? ¿Cómo se pueden trasladar estos conceptos a la agricultura, la biotecnología y la alimentación? Vanesa Lowenstein, investigadora y docente de la Facultad de Derecho de la UBA, y Mariano Fressoli, parte de equipo de investigadores del CENIT, ofrecieron algunas respuestas.

“Las personas aprenden colaborando. Por eso la producción científica se basa en la colaboración. El problema es que cuando ese conocimiento se publica, existen reglas que impiden su acceso”, explicó Fressoli, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y miembro del Centro STEPS – América Latina, de la Universidad de Sussex, Reino Unido.

Para explayarse sobre el tema, Fressoli brindó un ejemplo cotidiano: “Si en un restaurante comiste una sopa que te gustó y quisieras elaborar la misma receta en tu casa, no podrías hacerlo si está patentada. Tendrías que replicarla tratando de adivinar cómo se hace. Eso implica un gran esfuerzo. Lo mismo sucede con el conocimiento científico y con las patentes. Por eso, la producción abierta y colaborativa intenta crear normas y herramientas que permiten sobrepasar estas barreras artificiales que impiden que el conocimiento avance de la manera más rápida posible para solucionar los problemas sociales o ambientales”.

“Muchas de las concepciones del sistema de patentes son de la era industrial, previas a la aparición de Internet, y se corresponden con instituciones y formas de gobernanza basadas en el secreto. Hay industrias que se apoyaron en esas normas y que hoy están desapareciendo o cambiando, como la de música o las editoriales, por la facilidad de compartir la información”, explicó, y agregó que, en cambio, las experiencias de producción abierta y colaborativa como el software libre, el hardware libre, el código abierto, las redes wifi libre o la ciencia abierta, muestran que el conocimiento con acceso abierto permite que las personas aprendan y resuelvan los problemas de manera más rápida y eficiente, y con menor costo”.

Alternativas locales

En relación con la manera de implementar estos modelos colaborativos y de innovación abierta en la agricultura, Lowenstein expresó: “Evaluamos cómo se puede reutilizar el conocimiento que está protegido por algún derecho de propiedad intelectual, compartirlo e incrementar el acceso del uso de germoplasma. Queremos buscar una herramienta que opere con actores sociales en el intercambio de semillas y en la generación de conocimiento a partir de un registro donde se especifique cuál fue el mejoramiento en la semilla, en qué medida se incrementó el rinde y otra características de interés”.

“La idea es avanzar hacia una regulación de fácil uso y generar un sistema a prueba y error, que en el futuro sea exitoso”, explicó Lowenstein, quien también es investigadora y docente de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “Estamos buscando fitomejoradores que quieran hacer uso de la cláusula Bioleft, que permite el uso colaborativo del conocimiento aplicado a la agricultura, y la quieran implementar en la transferencia del material para facilitar y compartir la información sobre los cultivos”, señaló, y adelantó que desde el proyecto esperan comenzar a trabajar con un caso concreto junto a investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Retorno para los investigadores

En el caso de las semillas o del hardware libre, debería pagarse por la materialidad de ese trabajo. Más allá de esto, se están generando otras formas de pago que buscan fortalecer la inteligencia colectiva sin descuidar a quienes producen el conocimiento. Incluso se proponen modelos similares a los de un club donde la información es abierta pero el uso material de esos bienes requiere cierta cuota, a la que contribuyen sus miembros. Algunas iniciativas a nivel mundial son Source Seed Initiative (OSSI), Biological Open Source (BIOS) y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

“La Argentina ratificó el tratado sobre recursos filogenéticos de la FAO, donde el germoplasma permanece libre para investigación y desarrollo. Si se quiere comercializar la semilla que tiene el conocimiento incorporado, se paga por su uso cuando se compra en la bolsa”, indicó Fressoli, y detalló que el sistema ofrece dos opciones: “Hago I+D sobre la semilla y, si descubro algo nuevo, la vuelvo a ingresar al club, o hago I+D sobre la semilla. Y si a futuro genero exclusión sobre su uso, pago un canon al sistema que administra el modelo, para que se siga haciendo investigación y desarrollo sobre ese mismo germoplasma”.

Inteligencia colectiva

Fressoli se refirió a los modelos abiertos denominados Ciencia Ciudadana, en los que puede participar cualquier productor que aporte datos sobre las modificaciones que hizo en sus cultivos y conformar una red de inteligencia colectiva que permite ampliar la comunidad expertos en semillas. Hasta hoy, en esta red sólo participaban los científicos.

“Si comparamos la cantidad de pequeños productores con las empresas que hacen innovación, la distancia es de 10 mil a 2 ó 3. Nosotros creemos que podemos generar datos con estos agricultores, porque ellos también están produciendo conocimiento, pero que hoy no es aprovechado. Esto no sólo requiere normas, sino un cambio cultural”, señaló.

Además, recordó que la Argentina posee una Ley Nacional de Repositorios Digitales Abiertos que favorece la ciencia abierta: “Eso obliga al sistema científico a empezar a compartir las publicaciones y, posteriormente, los datos que se producen de forma abierta. Eso va a cambiar bastante la producción científica”.

“Entendemos que la construcción de estas redes de inteligencia colectivas son parte de un proceso a largo plazo. Seguramente, hoy no compiten con las grandes empresas o instituciones, pero están marcando una tendencia”, concluyó.

Fuente: FAUBA

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