Con media sanción en la Cámara de Diputados y su ingreso al Senado para tratamiento, la reforma procesal laboral impulsada por el diputado radical José Corral avanza en Santa Fe con respaldo técnico para corregir un esquema que hoy combina alta litigiosidad, sobrecostos y baja previsibilidad.
Desde el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de la Fundación Libertad, donde José Corral y Martín Rosúa presentaron la iniciativa y la debatieron junto a especialistas, plantean la necesidad de acelerar el tratamiento legislativo del proyecto, al considerar que la reforma resulta clave para corregir las distorsiones estructurales del sistema de riesgos del trabajo.
El diagnóstico es claro. Durante el primer semestre de 2025, la provincia registró 142 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos, más del doble que Córdoba (68) y por encima del promedio nacional (62).
Ese nivel de judicialización tiene impacto directo. Según estimaciones difundidas en el marco del debate, el sistema le genera al sector productivo santafesino un costo cercano a u$s 100 millones anuales, afectando la competitividad y encareciendo el empleo formal.
El problema no radica en la falta de instancias, sino en cómo funcionan. El esquema vigente ya contempla una etapa administrativa a través de las ART y las comisiones médicas, pero la desarticulación entre esa instancia y la judicial, junto con los incentivos actuales, terminan empujando los casos hacia el litigio.
Esa distorsión se expresa en:
- Diferencias de criterio entre comisiones médicas y tribunales.
- Diversidad de fórmulas de actualización en los juzgados.
- Procesos que funcionan como un nuevo juicio, en lugar de revisar lo ya actuado.
El resultado es una litigiosidad concentrada en casos de baja incapacidad: el 79% de los juicios corresponde a incapacidades inferiores al 15% y el 96% a menos del 30%.
La reforma que ahora analiza el Senado apunta a corregir esos incentivos con cambios concretos:
- Creación de un cuerpo médico forense en el Poder Judicial.
- Modificación de los honorarios periciales, desvinculándolos del monto del reclamo.
- Reducción de los plazos para demandar.
- Redefinición del juicio como instancia recursiva y no como un proceso nuevo.
También se propone que el perito judicial revise lo actuado en sede administrativa y fundamente cualquier apartamiento, evitando duplicaciones de estudios, tiempos y costos.
El impacto económico del sistema actual refuerza el planteo. En el primer semestre de 2025, la alícuota promedio de ART en Santa Fe fue de 3,97% de la masa salarial, por encima de Córdoba (3,43%) y del promedio nacional (2,70%).
En términos concretos:
- El costo semestral alcanzó $196,4 mil millones.
- Con niveles similares a Córdoba, el ahorro sería de $26,5 mil millones.
- Alineado al promedio nacional, la diferencia ascendería a $62,6 mil millones.
En ese marco, el planteo que surge del trabajo técnico es consistente: avanzar con la reforma para reducir los sobrecostos del sistema de ART, mejorar la competitividad de las empresas y generar condiciones más favorables para el empleo registrado, a partir de un esquema más ordenado, previsible y ágil en sus resoluciones.
