El mercado inmobiliario volvió al centro de la agenda política. En el Congreso nacional avanza el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que impulsa cambios de fondo en el régimen locativo y promete modificar la relación entre propietarios e inquilinos.
El punto más sensible del proyecto está vinculado a los alquileres: plantea reducir a tres días el plazo de intimación por falta de pago y establecer mecanismos judiciales más veloces para recuperar inmuebles. De aprobarse, significaría una transformación relevante frente a los actuales procesos, que suelen extenderse durante meses o incluso años.
Menos demora y mayor seguridad jurídica
Desde sectores vinculados a propietarios aseguran que la reforma apunta a corregir una de las principales trabas del mercado: la dificultad para recuperar una vivienda ante incumplimientos.
Bibiana Varela Guijarro, especialista en derecho inmobiliario y referente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), sostuvo que la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones más previsibles para la inversión.
En la misma línea, Enrique Abatti (h), también directivo de CAPRA, señaló que hoy muchos juicios de desalojo pueden extenderse entre uno y tres años, lo que impacta negativamente en la decisión de poner propiedades en alquiler.
Según su mirada, un proceso sumarísimo permitiría resolver estos conflictos en plazos mucho más breves, reduciendo riesgos para el propietario y mejorando el clima de inversión en el sector.
Qué impacto puede tener en el mercado
Operadores inmobiliarios aseguran que incluso antes de su aprobación ya comenzó a percibirse expectativa entre dueños de inmuebles que habían retirado unidades del mercado locativo.
Alejandro Moretti, integrante del Colegio Inmobiliario porteño, indicó que una mayor certeza sobre los tiempos judiciales podría incentivar el regreso de viviendas hoy vacantes o destinadas a otros usos, ampliando la oferta disponible.
Ese escenario podría traducirse en más competencia entre propietarios, mayor variedad de opciones y, eventualmente, una moderación de precios en algunos segmentos, especialmente en grandes centros urbanos donde la demanda sigue siendo alta.
Sin embargo, los analistas remarcan que mucho dependerá de la implementación concreta y de la velocidad con la que actúe la Justicia. Una ley más estricta, sin aplicación efectiva, tendría impacto limitado.
La otra cara: presión sobre los inquilinos
Desde organizaciones de inquilinos observan el proyecto con preocupación. Consideran que, tras la derogación de la antigua Ley de Alquileres, el mercado ya funciona con contratos más cortos, actualizaciones frecuentes y mayores exigencias económicas.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, advirtió que un plazo de apenas tres días para regularizar deudas podría derivar en desalojos acelerados frente a atrasos temporales, especialmente en un contexto de salarios rezagados e ingresos inestables.
Para este sector, la reforma podría profundizar la fragilidad habitacional de miles de familias, incrementando la rotación forzada y la conflictividad social.
También incluye expropiaciones y tierras rurales
El proyecto no se limita al mercado locativo. También incorpora cambios en el régimen de expropiaciones, proponiendo indemnizaciones calculadas sobre valores actualizados de mercado y reconocimiento de lucro cesante en determinados casos.
Además, contempla modificaciones vinculadas a tierras rurales y participación extranjera, aunque manteniendo límites ya vigentes en materia de titularidad y extensión.
Lo que está en juego
El debate expone una tensión de fondo: cómo compatibilizar el derecho de propiedad con el acceso a la vivienda. Mientras algunos sostienen que reglas más firmes pueden ampliar la oferta y dinamizar inversiones, otros advierten que endurecer condiciones contractuales puede dificultar aún más alquilar.
La definición del Congreso será clave para un mercado que atraviesa cambios profundos y donde cualquier modificación normativa impacta de forma directa en millones de propietarios e inquilinos.
