El Concejo Municipal de Rosario se encamina a una nueva discusión de alto voltaje político, con una iniciativa que promete anticipar algunos de los debates que marcarán la agenda electoral de 2027: la prohibición de la actividad de los cuidacoches. El intendente Pablo Javkin ya puso el tema sobre la mesa con un proyecto que busca acelerar la adhesión a la normativa provincial y establecer un esquema de intervención en las calles.
El oficialismo tiene apuro por avanzar y pretende evitar que la discusión quede atrapada en una disputa de posicionamientos políticos. En ese sentido, la velocidad con la que pueda avanzar la iniciativa dependerá, en buena medida, de la postura que adopte La Libertad Avanza, cuyo acompañamiento aparece como una variable clave para construir los consensos necesarios.
En el Palacio Vasallo hay concejales que miran con atención el antecedente del debate por las aplicaciones de transporte, especialmente Uber. La preocupación es que la discusión vuelva a concentrarse en la búsqueda de un título o una definición política antes que en el contenido concreto de la regulación y en cómo se instrumentará.
Qué busca modificar el oficialismo
La propuesta impulsada por Javkin tiene dos dimensiones. Por un lado, apunta a establecer expresamente la prohibición de la actividad mediante modificaciones al Código de Convivencia. Por otro, busca dotar al Ejecutivo de herramientas para coordinar con el Ministerio de Seguridad provincial los procedimientos de intervención.
La intención del oficialismo es avanzar con el tratamiento en una reunión conjunta de comisiones, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita establecer tanto el marco normativo como los mecanismos para hacerlo efectivo.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de suscribir un convenio con la cartera de Seguridad para organizar los operativos junto con la Policía. Allí aparece un concepto jurídico relevante: el denominado «cese del estado antijurídico», que apunta a poner fin a situaciones contrarias a la normativa vigente.
La preocupación está puesta especialmente en aquellos casos en los que la actividad deriva en situaciones de violencia, extorsión, intimidación o conflictos con conductores y vecinos. La idea es establecer prioridades y procedimientos claros para determinar cómo se comunica un episodio, qué autoridad debe intervenir primero y de qué manera se desarrolla el operativo.
Fiatti: “Resolver que la actividad está prohibida”
El concejal Fabrizio Fiatti planteó que el primer paso para ordenar la situación es contar con una ordenanza que establezca de manera explícita la prohibición de la actividad. A partir de esa definición, explicó, el Ejecutivo podrá avanzar en la coordinación operativa con el gobierno provincial.
“En definitiva, de lo que se trata es de contar con una ordenanza que resuelva que la actividad está prohibida. A partir de eso, es el Ejecutivo el que tiene que acordar con el Ministerio de Seguridad, a través de un convenio, se establecen prioridades, procedimientos para la intervención, cómo se comunica que está ocurriendo un hecho, quién interviene primero y de qué manera. Todo eso se posibilita a partir de resolver la prohibición”, sostuvo el edil.
La definición de Fiatti pone el foco en la necesidad de separar dos instancias: primero, establecer el marco legal que prohíba la actividad; después, acordar con la Provincia cómo se implementarán los mecanismos de control y actuación en el territorio.
El componente social, la otra pata del proyecto
Sin embargo, la iniciativa no se limita al aspecto punitivo. El mensaje enviado por Javkin también contempla incorporar expresamente dispositivos de abordaje social destinados a generar alternativas para las personas que actualmente desarrollan esta actividad.
En ese sentido, el municipio plantea aprovechar programas que ya están en funcionamiento, particularmente los vinculados con la economía social, para promover instancias de capacitación, inserción laboral e integración. El desafío será articular una respuesta que combine la prohibición y el control de la actividad con herramientas concretas para quienes puedan incorporarse a otras alternativas de trabajo.
Con ese esquema, el oficialismo busca llevar la discusión más allá de una simple adhesión legislativa. La discusión que comienza en el Concejo tendrá que resolver no solamente qué actividades quedan prohibidas, sino también cómo se aplicará la norma, quiénes serán responsables de intervenir y qué respuesta ofrecerá el Estado municipal frente a la dimensión social del problema.
La incógnita política pasa ahora por los consensos que puedan construirse en las comisiones y, particularmente, por la posición que adopte La Libertad Avanza. De esa negociación dependerá si Rosario logra avanzar rápidamente con una nueva regulación o si el tema se convierte en otro capítulo de confrontación dentro del Palacio Vasallo.
