El sector inmobiliario y de desarrollos urbanísticos santafesino puso el foco en uno de los principales obstáculos que enfrenta la expansión de nuevos proyectos: los tiempos administrativos.
Representantes de la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe (CUPS) mantuvieron una reunión con autoridades provinciales para analizar el estado de distintos expedientes y plantearon la necesidad de reducir los plazos que demanda la aprobación de loteos y su posterior inscripción definitiva.
La preocupación tiene una dimensión económica considerable. De acuerdo con el relevamiento realizado por la entidad, los proyectos de las empresas que integran CUPS representan inversiones estimadas en alrededor de US$ 1.800 millones durante los próximos diez años. Si se contempla al conjunto del sector, la cifra podría trepar hasta US$ 3.800 millones en el mismo período.
Se trata de desarrollos que implican obras de infraestructura eléctrica, hidráulica, vial y sanitaria, además de redes de servicios y construcción de viviendas. Por eso, desde la Cámara remarcan que el impacto de una demora administrativa no queda limitado a los desarrolladores: también alcanza a constructoras, proveedores, profesionales, contratistas y trabajadores.
Expedientes que pueden tardar años
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el tiempo que transcurre entre el inicio de un proyecto y la posibilidad de escriturar individualmente cada lote.
Según CUPS, existen casos en los que todo el proceso puede extenderse hasta ocho años.
Para los desarrolladores, el problema no pasa por eliminar controles técnicos, ambientales o urbanísticos, sino por lograr que los distintos organismos que intervienen trabajen de manera coordinada y con plazos previsibles.
“La demora administrativa tiene un costo económico concreto”, planteó el presidente de CUPS, Martín Weller, al advertir que un expediente que permanece detenido durante años termina encareciendo los proyectos y postergando las obras.
La entidad sostiene que contar con procedimientos más ágiles permitiría transformar proyectos que hoy permanecen en distintas etapas administrativas en inversiones efectivas, con impacto sobre la actividad de la construcción y el mercado inmobiliario.
El problema también alcanza al crédito hipotecario
La discusión adquiere una relevancia adicional en un escenario en el que el crédito hipotecario volvió a ganar protagonismo.
La falta de escritura individual puede convertirse en una barrera para aquellas personas que pretenden utilizar un terreno como garantía para acceder a financiamiento y construir su vivienda.
Desde CUPS explicaron que una familia puede haber adquirido un lote, haber cumplido con sus obligaciones y estar en condiciones económicas de solicitar un crédito, pero quedar fuera del sistema financiero si todavía no dispone de la escritura correspondiente.
El cuello de botella, de esta manera, no solamente afecta a quien desarrolla un proyecto: también puede terminar postergando el acceso de las familias a la vivienda propia.
Una Ventanilla Única con mayor capacidad
Como parte de las alternativas planteadas durante el encuentro con las autoridades, la Cámara propuso fortalecer el funcionamiento de la Ventanilla Única, con el objetivo de centralizar y coordinar la intervención de los distintos organismos involucrados.
Entre las propuestas aparecen la identificación de responsables para cada expediente, la fijación de plazos y un seguimiento periódico de aquellos trámites que acumulen demoras.
El objetivo es generar un sistema con mayor previsibilidad para quienes invierten y desarrollan, sin resignar los controles que exige cada proyecto.
La entidad valoró la apertura al diálogo por parte del Gobierno provincial, aunque remarcó que el desafío ahora consiste en transformar esa instancia de conversación en mecanismos concretos que permitan acelerar los expedientes.
Una discusión que excede al sector inmobiliario
El reclamo de los urbanizadores se produce en un momento en el que distintos corredores del Gran Rosario atraviesan un proceso de expansión residencial y de incorporación de nuevos proyectos.
La disponibilidad de suelo, el crecimiento de barrios abiertos y cerrados y la búsqueda de alternativas para acceder a la vivienda generan una demanda creciente de infraestructura y servicios.
En ese contexto, desde CUPS plantean que acelerar los procesos administrativos puede tener un efecto multiplicador: permitiría poner en marcha inversiones, anticipar obras de infraestructura, generar empleo y ampliar la oferta de terrenos y viviendas.
El sector considera que existe una oportunidad para transformar los proyectos que hoy están en trámite en nuevas inversiones privadas.
La magnitud de los números explica la preocupación: hasta US$ 3.800 millones podrían movilizarse durante la próxima década si se consideran los desarrollos proyectados por el conjunto del sector.
La discusión, entonces, ya no pasa solamente por cuánto demora un expediente. Para los urbanizadores, el desafío es cuánto crecimiento, inversión, infraestructura y acceso a la vivienda puede perder Santa Fe mientras esos expedientes permanecen detenidos.
