El Gobierno nacional puso en marcha una actualización del régimen que regula la importación de maquinaria y líneas de producción usadas, una herramienta que apunta a facilitar la inversión productiva y la modernización tecnológica de las empresas argentinas.
La modificación fue oficializada mediante el Decreto 483/2026 y contempla una serie de cambios destinados a simplificar los trámites, reducir costos y agilizar los tiempos de gestión para quienes incorporen equipamiento industrial proveniente del exterior.
Uno de los puntos centrales de la medida es que los bienes alcanzados por este régimen deberán pagar solo el 25% de los aranceles de importación vigentes, además de quedar exentos de la tasa de comprobación de destino (2%) y de la tasa de estadística (3%), lo que reduce significativamente el costo de incorporación de maquinaria.
La actualización también amplía el alcance del régimen. A partir de ahora, la definición de línea de producción deja de exigir que el componente principal sea usado, lo que flexibiliza las condiciones para acceder al beneficio. Asimismo, se incorporan nuevas actividades, entre ellas las vinculadas a la generación de energía eléctrica y los llamados almacenes inteligentes, cada vez más utilizados en procesos logísticos automatizados.
Otro de los cambios relevantes es la ampliación de la antigüedad permitida para determinados equipos. Los bienes reconstruidos o modernizados podrán tener hasta 30 años de antigüedad, una extensión que busca aprovechar maquinaria que haya sido reacondicionada para prolongar su vida útil y mantener estándares de funcionamiento.
Además, el requisito de adquisición de bienes nacionales asociado a estas operaciones también fue flexibilizado. El porcentaje exigido se redujo del 30% al 10% del valor FOB de los bienes importados, disminuyendo las exigencias para las empresas interesadas en acceder al régimen.
En paralelo, el Gobierno reemplazó el sistema de auditorías previas por un esquema de rendición de cuentas mediante profesionales certificados, una modificación que apunta a reducir la burocracia y brindar mayor previsibilidad sobre los plazos administrativos.
Desde la administración nacional sostienen que estos cambios buscan convertir al régimen en una herramienta más eficiente para promover la inversión productiva, facilitar el acceso a tecnología industrial y fortalecer la competitividad de los sectores que generan valor agregado en el país.
