El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de su estrategia para atraer al circuito formal los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero. A través del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que deberá ser debatido en el Congreso, la administración de Javier Milei busca otorgar mayores garantías jurídicas a quienes decidan exteriorizar fondos y utilizarlos para realizar inversiones, entre ellas la compra de inmuebles.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas orientadas a movilizar los denominados “dólares del colchón”, un volumen de recursos que el Gobierno considera clave para impulsar el crédito, la inversión y el consumo. Según la propuesta oficial, se reducirían riesgos de fiscalización futura para aquellos contribuyentes que ingresen fondos al sistema bajo las nuevas reglas previstas por el régimen.
Más flexibilidad para operaciones inmobiliarias
Uno de los aspectos que más interés genera en el mercado inmobiliario es la posibilidad de utilizar fondos no declarados para la adquisición de propiedades bajo un esquema que otorgue mayor previsibilidad fiscal.
La propuesta contempla modificaciones al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y establece límites a determinadas facultades de fiscalización de ARCA sobre patrimonios exteriorizados dentro del nuevo marco legal. El objetivo es generar confianza para que los ahorros actualmente fuera del sistema puedan canalizarse hacia inversiones formales.
De prosperar el proyecto, operadores inmobiliarios estiman que podría producirse un incremento en la cantidad de transacciones, especialmente en un mercado que históricamente funcionó con una fuerte participación de dólares en efectivo.
Un mercado que busca recuperar volumen
La expectativa oficial es que la flexibilización de los mecanismos de exteriorización contribuya a reactivar la compraventa de propiedades, una actividad que en los últimos años sufrió los efectos de la recesión, la incertidumbre macroeconómica y las restricciones financieras.
El Gobierno considera que una parte significativa de los recursos que permanecen fuera del circuito formal podría orientarse a inversiones inmobiliarias, aprovechando además el proceso de recuperación que comenzó a mostrar el sector tras la estabilización de algunas variables económicas.
En paralelo, durante 2026 también se produjeron cambios tributarios favorables para el mercado. La reciente reglamentación de la Ley de Modernización Laboral incorporó exenciones en el Impuesto a las Ganancias para determinados ingresos provenientes de alquileres destinados a vivienda y para algunas operaciones de venta de inmuebles realizadas por personas humanas no habitualistas.
Las dudas que aún persisten
Pese al optimismo que muestran algunos actores del sector, el proyecto todavía deberá superar el debate legislativo y existen interrogantes sobre su implementación práctica.
Entre los puntos que generan atención figuran los alcances concretos de las restricciones a las facultades de fiscalización, los mecanismos de control que conservará ARCA y las condiciones que deberán cumplir quienes deseen adherir al régimen.
Además, especialistas advierten que el éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de la confianza que logre generar entre los ahorristas. Históricamente, muchos procesos de exteriorización de capitales encontraron límites cuando los potenciales beneficiarios dudaron sobre la estabilidad de las reglas de juego en el mediano plazo.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario sigue de cerca la evolución del proyecto. La posibilidad de canalizar recursos hoy inmovilizados hacia la compra de propiedades es vista por desarrolladores, inmobiliarias y constructores como una oportunidad para sumar demanda y consolidar la recuperación de uno de los sectores con mayor capacidad de generar actividad económica y empleo.
