El Gobierno de Santa Fe difundió los resultados del plan de control y fiscalización aplicado en Rosario sobre desarmaderos, chatarrerías y comercios de metales. Según el relevamiento oficial, entre 2024 y 2025 el robo de cables en la ciudad registró una caída del 93 %, mientras que el robo de metales descendió 86 % en el mismo período.
Los datos surgen del cruce de denuncias, intervenciones policiales y operativos de inspección realizados en distintos puntos del ejido urbano, especialmente en zonas con infraestructura eléctrica y de servicios públicos donde el vandalismo y la sustracción de cables habían generado cortes recurrentes. Las fuentes oficiales indicaron que el foco estuvo puesto en interrumpir el circuito de reventa que vuelve económicamente viable este tipo de delitos.
La estrategia incluyó controles periódicos sobre establecimientos dedicados a la compra y acopio de metales, inspecciones administrativas, clausuras de locales sin habilitación y verificación del origen del material comercializado. En paralelo, se trabajó de manera coordinada con fiscalías y fuerzas de seguridad para vincular los hechos de robo con los puntos de reducción y comercialización del material sustraído.
De acuerdo con el informe, el impacto se reflejó en sectores donde el robo de cables afectaba alumbrado público, semáforos, tendidos eléctricos y servicios de telecomunicaciones. En esos corredores, la disminución de los hechos permitió restituir infraestructura que permanecía fuera de servicio por faltantes de material.
En el marco de los operativos realizados en Rosario durante los últimos dos años, la Provincia informó la incautación de grandes volúmenes de cobre y otros metales, provenientes de procedimientos en chatarrerías y desarmaderos. Además, se amplió el registro de establecimientos formales que operan bajo controles de trazabilidad, con el objetivo de reducir la informalidad en el mercado de metales usados.
Las autoridades señalaron que la información relevada surge del seguimiento estadístico de denuncias, actuaciones policiales y registros administrativos, y que el esquema de fiscalización se mantiene activo en distintos barrios de la ciudad, con inspecciones programadas y controles sobre la cadena de comercialización.
