El gobierno de Santa Fe obtuvo dias atrás la aprobación de una ley que lo faculta a acceder a financiamiento externo por hasta 1.000 millones de dólares, con el objetivo de desarrollar obras públicas de gran escala. La medida también incluye la posibilidad de tomar un préstamo de USD 150 millones otorgado por la CAF (Corporación Andina de Fomento).
Aunque generó críticas políticas, especialmente por parte del exgobernador y actual legislador Omar Perotti, desde la Casa Gris aseguran que no se trata de una decisión de ejecución inmediata, sino de una herramienta preventiva para aprovechar una ventana favorable en los mercados internacionales cuando esta se presente. “No se va a salir al mercado en condiciones que no entendamos favorables para los intereses de la provincia”, sostuvo Gonzalo Saglione, titular de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (ACEFE) al diario UNO de Santa Fe.
Por qué en dólares y a largo plazo
Uno de los ejes del planteo técnico del gobierno santafesino es que el mercado de capitales local no ofrece opciones viables para financiar obras de gran envergadura en moneda nacional. Según Saglione, el escaso desarrollo del financiamiento doméstico obliga a recurrir a créditos internacionales, con plazos más extensos y montos mayores.
El funcionario también descartó que una eventual devaluación tenga un impacto significativo en las cuentas públicas, en la medida en que los préstamos se estructuren a largo plazo. “Cuando la deuda se toma a varios años, los efectos de una devaluación son compensados por la inflación posterior, y el tipo de cambio tiende a converger con los precios de la economía”, explicó.
Destino productivo y control legislativo
La norma sancionada fija límites claros sobre el destino de los fondos. El financiamiento se orientará a tres grandes áreas:
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Infraestructura para la producción (energía, caminos, rutas).
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Obras vinculadas al bienestar social (acueductos, desagües).
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Equipamiento y obras para seguridad pública.
Además, los proyectos específicos deberán ser incorporados en cada ley de presupuesto anual y sometidos a debate legislativo. “No se trata de un cheque en blanco. Cada destino deberá ser debatido y aprobado por la Legislatura”, aclaró Saglione.
Un paso estratégico en un contexto restrictivo
Desde la provincia destacan que esta ley coloca a Santa Fe en una posición de ventaja comparativa frente a otros distritos: cumple con los requisitos que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y tiene un endeudamiento relativamente bajo.
En palabras de Saglione, “es deseable financiarse en moneda nacional, pero ese mercado no existe. Ante la falta de alternativas, tomar deuda en dólares a largo plazo con fines productivos es una decisión prudente”.
