La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuración contra el Narcotráfico (PROCUNAR) ampliaron la imputación al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque por los delitos de dádivas y lavado de activos. Lo acusan de cobrar alquileres de una propiedad suya ubicado en la localidad santacruceña de Caleta Olivia, a través de una mutual relacionada al también imputado empresario Fernando Whpei. La atribución de los hechos también alcanza a Gabriel Mizzau, quien fuera contador del exfuncionario judicial.
Durante la audiencia de ampliación de la formalización de la investigación por los nuevos hechos imputados, realizada el jueves pasado en los Tribunales Federales de Rosario, el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz resolvió prorrogar la prisión preventiva domiciliaria de Bailaque por seis meses, con vencimiento el 23 de marzo de 2026.
El fiscal de la PROCELAC Juan Argibay Molina expuso la ampliación de la imputación al exjuez Bailaque, detenido y en prisión domiciliaria desde mayo pasado investigado por diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Bailaque haber cometido 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad, en concurso real entre sí, todo ello en calidad de autor penalmente responsable.
En su exposición, Argibay Molina detalló que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual, desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
Según esa hipótesis, la entrega y la recepción del dinero correspondiente a las dádivas se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble ubicado en presidente Hipólito Yrigoyen 29 (ex 2044), de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, propiedad de Bailaque.
La investigación determinó que la mutual Siempre Joven, con domicilio en Mariano Moreno al 5500 de Wilde, provincia de Buenos Aires, está vinculada tanto a Whpei como a distintas personas jurídicas relacionadas con él, tales como: Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, Unión Provincial Asociación Mutual.
Bailaque “recibió beneficios económicos indebidos por parte Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado”, explicó el fiscal.
Si bien la mutual tenía sedes en Buenos Aires, Chubut, San Juan y Mendoza, no contaba con sucursal en Santa Cruz, y nunca ocupó el inmueble que alquiló. Al poco tiempo de celebrar el contrato de locación, por decisión Whpei, lo cedió gratuitamente a la mutual 12 de Septiembre “cuando la cesión de los derechos emergentes del contrato o sublocación (total o parcial) de la propiedad estaba prohibida”, expuso Argibay Molina.
Un alquiler como vehículo para transferir dinero al juez
La mutual 12 de Septiembre utilizó la propiedad hasta mayo de 2023, cuando quedó desocupada y en estado de abandono. Sin perjuicio de ello, Siempre Joven continuó pagando mensualmente por el alquiler hasta enero de 2025. Para la fiscalía, el alquiler de la propiedad por parte de la mutual resultó extraño a su objeto, pues la contratación careció de causa real y “funcionó exclusivamente como vehículo para transferir dinero a Bailaque debido a su cargo como juez federal”.
El fiscal detalló los períodos en los cuales el juez recibió depósitos bancarios de Siempre Joven en una cuenta personal del Banco Patagonia: $258.000 en 2019; $348.000 en 2020, $468.000 en 2021, $660.000 en 2022, $924.000 en 2023, $2.600.597 en 2024 y $460.597 en enero de 2025, y en paralelo emitió facturas por $17.000 en 2019, $322.000 en 2020, $468.000 en 2021, $660.000 en 2022, $1.014.000 en 2023, y $2.647.722 en 2024.
Bailaque, de acuerdo a la imputación, incluyó ingresos en sus declaraciones juradas patrimoniales, tanto ante el fisco como ante el Consejo de la Magistratura, como ingresos lícitos. “Como consecuencia de este proceder, recibió beneficios económicos indebidos por parte Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado”, explicó el fiscal.
Aceptar dádivas
Al hacerlo, siempre de acuerdo a la imputación fiscal, Bailaque incumplió la prohibición de aceptar dádivas prevista en el artículo 8, inciso F, del Reglamento para la Justicia Nacional y en el artículo 18 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
El fiscal sostuvo que los hechos se acreditaron con reporte de movimientos de la caja de ahorro; transferencias de dinero corroborada con facturas emitidas por Bailaque. De acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), facturó servicios de alquiler por un total de $5.145.722.
En su exposición, Argibay Molina detalló que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual, desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
En relación con el enmascaramiento de las dádivas a través del contrato de locación, de las tareas realizadas por personal de Gendarmería Nacional en la Oficina de Planificación (Catastro) de Caleta Olivia, se acreditó que es titular del inmueble ubicado en Yrigoyen 29 (ex 2044) de esa ciudad, además de declaraciones testimoniales de profesionales que colaboraron en la confección del contrato original del inmueble.
Por su parte, en la audiencia, Bailaque negó los hechos al declarar que el inmueble por el cual cobró los alquileres es parte del patrimonio familiar, que lo recibió su conyugue como parte de honorarios cobrados por su trabajo de abogada, lo cual ocurrió antes de que él fuera juez federal.
Prisión domiciliaria prorrogada
En relación a las medidas de coerción y cautelares, el titular de la PROCELAC, el fiscal general Diego Velasco, solicitó la prórroga de la prisión preventiva domiciliaria por 90 días para Mizzau y Bailaque y, si bien ya pesa sobre el exjuez un embargo por 600 millones de pesos, ante las nuevas figuras endilgadas y los montos de las multas, requirió ampliar el embargo hasta cubrir la suma de 685 millones de pesos.
Velasco recordó como un elemento preponderante para mantener la prisión domiciliaria de Bailaque las medidas pendientes, la imputación original y el peligro procesal. También mencionó que si bien en el marco de la pesquisa se secuestraron 58 elementos electrónicos (celulares, discos externos, computadoras, pendrives y memorias) de los cuales se pudo realizar extracción forense a 40 de ellos, aún no fue posible realizar la apertura del teléfono celular de Bailaque, del cual podría surgir información valiosa para la investigación.
Al también imputado Mizzau -contador que también cumple prisión domiciliaria-, se le informó que está siendo investigado por su posible participación en hechos de lavado de activos. En ese sentido, el fiscal de la PROCUNAR NEA, Matías Scilabra, solicitó al juez que, a la hora de evaluar la continuidad de la medida de coerción, pondere su rol y vínculo personal con Bailaque, además de su aporte profesional en empresas relacionadas a Esteban Alvarado, condenado como líder de una de las organizaciones más importantes dedicadas al narcotráfico en Rosario.
Tras valorar distintas circunstancias, la complejidad del caso, los graves hechos de corrupción por los cuales Bailaque está bajo investigación y la pena en expectativa, el juez Da Cruz rechazó los planteos formulados por las defensas y tuvo por efectuada la ampliación de la imputación en los términos y con la calificación legal que propuso la fiscalía.
A su vez, resolvió prorrogar la prisión domiciliaria a Bailaque por 180 días, con vencimiento el 23 de marzo de 2026, y dispuso ampliar el embargo a 685 millones de pesos. Respecto de Mizzau, se prorrogó su prisión domiciliaria hasta el 10 de noviembre de 2025.
