Reforma del Estado: Límites, funciones y burocracia

Por Antonio Margariti

1° LA DECADENCIA Y EL LIDERAZGO DESAPRENSIVO

Argentina tiene hoy un Estado tan voraz e insaciable que no sólo la ha sepultado en la decadencia  sino que impide a sus habitantes tener una vida normal y sosegada como los demás países.

Desde hace tiempo la política nativa, desaprensivamente,  ha venido erigiendo un Leviatán, devorador de los valores económicos que la sociedad produce con dedicación y esfuerzo.

En 1946, nuestro ingreso per cápita llegaba a u$s 12.850 anuales  [ppa año 2016] siendo superior  a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y España.

Setenta años después retrocedimos a u$s 9.550 por año,  mientras que la media de esos países llega a u$s 41.413 anuales. En 70 años  triplicamos la población pero producimos sólo una quinta parte de nuestra renta potencial. Todo el  impulso se lo llevan el Estado, la casta política, la oligarquía gremial y aquellos que viven a costa de quienes  trabajan. Por eso aumenta la pobreza y vivimos en decadencia.

No hay ninguna duda que algo muy poderoso ha impedido que Argentina siguiese el camino de los  países similares.

Según Colin Clark  ello ha sido consecuencia de las  pésimas leyes sancionadas en 1946, que contribuyeron a crear y sostener una economía cerrada, improductiva, corporativa y deficitaria. Fueron 16.268 decretos leyes sancionados de enero a mayo 1946,  íntegramente plagiados del plan fabiano de Sidney & Beatrice Webb, Lord Keynes y Sir William Beveridge; posteriormente convalidados por el Congreso en noviembre 1946 por la ley ómnibus 12.922. Con gobiernos militares o civiles de distinto signo, los principios  en que se basan tales leyes perduran intactos hasta el día de hoy. Están sostenidos por una falsa doctrina jurídica y económica: la tercera vía neokeynesiana. Afirma dogmáticamente que la riqueza es algo perenne, que permanece siempre intacta y que es susceptible de ser arrebatada por el Estado  para repartirla entre los menesterosos con criterios políticos, sin que su magnitud sufra menoscabo. Durante 73 años, hemos sido gobernados con éste embuste. Y así nos ha ido.

Tenemos un  Estado elefantiásico que nadie se anima a desmontar. La distorsión de ingresos personales es descomunal entre el 10 % de los más afortunados  con el 90% de los menos favorecidos.

Muchas decisiones políticas, adoptadas sin medida ni respiro, han provocado una sistemática destrucción de los valores económicos y del capital laboriosamente acumulado. El Estado se financia mediante el inmisericorde expolio de  dineros de la clase media. Que es, precisamente, la clase que trabaja, la que se somete dócilmente a la autoridad política, la que cumple con leyes muchas veces injustas o depredadoras y la que soporta, atemorizada, un perverso arrebato fiscal en condiciones similares a  los esclavos del régimen feudal.

Este juicio puede parecer excesivo.

Sin embargo, no sólo está basado  en claros y manifiestos casos particulares que todos conocemos  sino en datos globales macro económicos, que indican porqué se produce la caída de la renta y la pérdida de valiosos recursos;  porqué hay un creciente empobrecimiento de la población; porqué estamos sometidos al saqueo de nuestro tiempo y dinero; porqué los espacios públicos están deteriorados y las propiedades privadas carecen de mantenimiento;  porqué vivimos desde hace décadas en un clima de asaltos, piquetes, crímenes, asesinatos de policías y violencias callejeras propias de un estado de anarquía social.

2° PRIORIZAR LOS DATOS

Según la revista Expansión y el Banco de Datos del Banco Mundial, el PBI argentino pasó violentamente de u$s 637.590 millones en 2017 a u$s 432.950 millones en 2018 y caería a u$s 425.167 millones en 2019.  Con una población estimada en 44,5 millones de habitantes, el siguiente es nuestro ingreso per cápita -por habitante para el año 2018- comparado con otros países de similar economía agroexportadora.

Para comprender que esto es el fruto inevitable  de una profunda distorsión en la estructura de la economía, es conveniente examinar el esquema en PDF adjunto cuya autoría corresponde a Wilhelm Röpke uno de los más influyentes economistas de los últimos años y padre intelectual del renacimiento de Alemania después de la guerra.

Allí se comprenderá cómo el Estado elefantiásico se apodera de  la riqueza, porqué nos empobrece a todos y cuál debiera ser el  razonable destino de los recursos que anualmente producimos. Los resultados son aciagos y     uno de los mayores errores en que solemos  incurrir, es juzgar las políticas y programas de los gobiernos  por sus intenciones, no por sus resultados.

Véase el siguiente cuadro de datos globales.

He aquí, el círculo de hierro de nuestro destino. Siempre dará el 100%. Tiene varios componentes: Gasto Familiar,  Gasto Político, Costo del Mantenimiento, Nuevo Capital y Saldo de la Balanza Comercial. Según cuál sea su distribución, caeremos en tirabuzón hacia la decadencia o podremos emerger a una vida mejor. ¡Cualquier otra opción está excluida!

3° SÓLO REALIZANDO  SE ALCANZAN RESULTADOS

Lo que  exaspera a muchos estudiosos y serios investigadores de la economía, es la insustancial y frívola manera con que nuestra dirigencia (de todo signo y color) trata estos problemas. Ellos tienen un superficial  conocimiento de la realidad, persisten en un dogmatismo ideológico irracional, y carecen de visión a largo plazo. Por eso no toman resoluciones eficaces en el corto plazo que nos conduzcan al objetivo buscado. No saben gobernar, ni timonear el país. Sólo saben hacer falsas promesas y engañarnos con baratijas y quimeras.      

Hemos llegado  a un punto tal de desorden mental,  de descomposición moral y decadencia económica que es imperioso tomar decisiones valientes y urgentes, asumiendo el costo político de su impopularidad.   

Lo que ahora se intenta hacer es continuar administrando el mismo modelo keynesiano tardío del peronismo kirchnerista que nos precipitó en la decadencia.

Si así fuese, ello será fatal, aun cuando lo hagan sin corrupción, es decir sin robar. Porque la  esencia del modelo consiste en arrebatar a las clases medias y pudientes no vinculadas con el poder, mayores porciones de su renta y patrimonio para repartirlo entre los electores que  carecen de trabajo o se resisten a trabajar por indolencia. Esperan en vano que un milagroso crecimiento, caído del cielo, pueda arreglar las cosas reduciendo la proporción del Gasto Público sobre la Renta Global del PBI.

En pocas palabras, el país no da para más. Está sobrecargado de tributos  

y regulaciones.  Exhausto de pagar impuestos por trabajar en blanco, por ganar un sueldo que no alcanza, por  tener una cuenta bancaria, por cobrar indemnización en caso de despido, por vender la casa propia para adquirir  otra más pequeña, por pagar pésimos servicios públicos, por alquilar un departamentito propio, por ahorrar dinero para la vejez,  por invertir en plazos fijos o bonos del Estado y por conservar el patrimonio para legarlo a los hijos.

4° DOMINAR EL MONSTRUO DEVORADOR.

La primera y excluyente tarea que debiera asumirse, tendría que ser la organización de un Estado Nuevo  que no siga oprimiendo a la Sociedad, sino que la estimule y anime. El costo de ese Estado debe bajar imperiosamente del actual 46%  al 25% del PBI, donde cada punto es igual a u$s 4.500 millones hoy en día.

Si persistiesen en seguir gestionando  este monstruo devorador fruto de la demagogia, el clientelismo y la corrupción, nuestra patria terminará siendo gobernada por  oleadas de dirigentes deshonestos y desaprensivos, que la convertirán en un vasto latrocinio.

Para Cambiar hay que Organizar  y organizar implica establecer una  estructura intencionalmente eficaz para que no haya funcionarios ni  empleados públicos que ocupen cargos inútiles y puedan llevar a cabo las tareas necesarias  con el menor costo posible.

Durante más de una década,  se ha montado un caleidoscopio burocrático   que impide disponer de un organigrama sensato. De 2.387.410 cargos públicos existentes en 2003 hemos  pasado a 3.832.030 en 2017. El 68 % corresponde a las provincias, el 13 % a los municipios y el 19 % a la Nación. Nos sobran 1.450.000 empleados públicos que ganan sin producir.

Para administrar este monstruo, el actual gobierno se ha llenado de ministerios, coordinadores y secretarías de Estado, que son todo lo mismo.   

A cualquier presidente le resultaría imposible coordinarlos y controlar si   hacen bien o mal las cosas. Demasiados caciques para convocar una simple reunión  de gabinete. Demasiadas funciones inútiles, repetidas, prescindibles y artificiales. Demasiados ñoquis. Demasiado descontrol y demasiado desparrame de responsabilidades para asegurar impunidad.   

5° PLAN DE REFORMA DEL ESTADO.

La responsabilidad del gobierno, la oposición, los dirigentes sindicales, los representantes  empresarios y los líderes religiosos es muy grande pero es imprescindible iniciar y poner en marcha un impostergable plan de Reforma del Estado como tarea esencial del próximo Gobierno.  

  1. Unidad de conducción. Reordenar el gabinete para época de crisis, concentrando las funciones en sólo seis ministerios: Economía, Relaciones Exteriores, Interior y Justicia, Salud Pública y Asistencia social, Educación, Defensa y Seguridad,  
  2. Congelar vacantes. En toda la Administración Pública por 5 o 10 años, se prohibirán   nuevas designaciones y se establecerá la transferibilidad  de personal de un área a otra.
  3. Retiros. Adaptar las disposiciones del personal militar al personal civil, permitiendo que en la administración, existan “retiros activos”, “retiros pasivos” y “bajas de servicio”. El derecho a la estabilidad en el puesto público se perderá sin contemplaciones cuando adhieran a huelgas o paros.
  4. Censo de Organismos. Hacer un rápido y sintético Censo de organismos y entes descentralizados  indicando: cuánto es el costo directo de cada uno, cuántas personas ocupa, cuántos casos atienden, cómo valúan la prioridad de  sus funciones y adónde podrían derivarse las tareas  necesarias.
  5. Organigrama caótico. Presentar a la consideración pública la maraña  y espesura de este Censo, que impide una eficaz acción de gobierno, comprometiéndose a racionalizarla para no hacer recaer  su costo sobre aquellos que trabajan.
  6. Nuevo Organigrama. Confeccionar un organigrama racional de la administración pública, adoptando los criterios técnicos de cualquier Manual de Administración y la experiencia nacional que puede brindar el  antecedente de Federico Frischknecht en su libro “Gobierno, el arte de la administración pública”.
  7. Mando directo. Todos los ministros, sin excepciones,  debieran tener mando directo sobre los funcionarios de carrera desterrando los gabinetes de asesores, los adscriptos  y las secretarías privadas. Las funciones de los ministros debieran ser operativas y no de staff, es decir de planeamiento y ejecución.
  8. Jerarquías y niveles. La administración pública tiene que reorganizarse en  sólo 5 niveles escalafonarios: Pasante, Asistente junior, Senior, Jefe de Sector y Director de Área. Quedarían eliminados todos los cargos políticos rentados, sin autoridad ejecutiva o sin incumbencia en temas específicos.
  9. Censo de empleados. Hacer un Censo de empleados y funcionarios, mediante un simple formulario que deba ser llenado y entregado antes de cobrar el próximo sueldo, revelando: cómo se denomina   la oficina donde trabaja, cuál es su tarea diaria, qué jerarquía  presupuestaria tiene, cuántos casos  atiende, cuál es la duración media de  cada trámite. Cualquier falsedad en la información será castigada con la suspensión o el despido.
  10. Evaluación de personal. Sobre cada formulario del Censo de Empleados, cada jefe deberá controlar  y calificar la aptitud del personal para integrar el organigrama de la Nueva Administración.
  11. Manual de Procedimientos. Redactar un Manuel de Procedimientos Administrativos Uniforme para toda administración pública, indicando: intervenciones, tiempo admisible para cada trámite, escritos y peticiones, recursos administrativos, instrucción y sanciones, recursos de alzada, de reposición, de certeza, de nulidad, de súplica y de revisión,  obligaciones y responsabilidades de los funcionarios, alcance de las decisiones y texto de los escritos utilizables. Sancionado el nuevo Manual, todos los procedimientos especiales, legales o administrativos, quedarán anulados y sin posibilidad de recurrencia retroactiva.
  12. Listado de trámites. Preparar un listado de todos los trámites, inscripciones, registros, habilitaciones, permisos  y  declaraciones juradas que deban hacer los ciudadanos, por cualquier motivo y  en todos los niveles. Estimar costos e indicar cuánto tiempo duran las autorizaciones actualmente requeridas
  13. Calificación de oficinas. Calificar cada oficina, repartición, sección o sector administrativo dentro de tres  criterios: Imprescindible y necesaria 2° Útil y conveniente, 3° Innecesaria y sustituíble. A continuación habría que suprimir  reparticiones inútiles congelando absolutamente todas sus funciones. También habría que hacerlo con el exceso de  pasos administrativos. Se debieran examinar y eliminar los trámites ridículos o sin sentido: inscripciones, registros, controles, permisos, habilitaciones y declaraciones juradas innecesarias o repetidas. Los tiempos procesales tendrían que ser sumarios  para evitar que la burocracia parasitaria demore decisiones y promueva maniobras para justificar sus privilegios
  14. Extensión de permisos. Mientras se desarrolle el punto anterior, se dispondrá una norma que prolongue  10  años la vigencia de todos los permisos o autorizaciones necesarios: Registros  civiles, Registros automotor, Carnet de conductor, Registros   fiscales,  Registros de Proveedores,  Registros públicos de Comercio, Inspecciones generales de Justicia, Fiscalías de Estado  y similares.  Se revisará la finalidad, el costo y la funcionalidad de todos los organismos que atiendan  Registros administrativos, sean estatales o autónomos como el Registro automotor.
  15. Asignación de Funciones. La asignación de tareas y funciones, la delegación de autoridad y la exigencia de responsabilidades individuales, serán la fórmula básica para el personal del Estado y la manera de conseguir que los empleos públicos sean sólo los necesarios  y estén ocupados por individuos idóneos, útiles y eficientes. Como ellos tienen estabilidad garantizada, la huelga será terminantemente prohibida y castigada con pérdida de ese derecho.
  16. Límites al Parlamento. Tanto en las cámaras de  Diputados como Senadores o Concejales, el número máximo de secretarios, asesores o colaboradores de cada uno estará limitado a 3 personas sólo por el período de su mandato.
  17.  Bajas y Retiros. Al personal excedente que no pueda ser encasillado en la nueva grilla presupuestaria, se le aplicarán las mismas normas de bajas, retiros activos y retiros pasivos que rigen para el personal militar.
  18. Seguro de desempleo. Si el argumento político para justificar el  exceso de un millón y medio de empleados públicos es que representa un subsidio al desempleo, no habrá mejor forma de blanquearlo que convertirlo en auténtico seguro de desocupación para la función pública, pagadero con recursos genuinos.
  19.  Normas contables. Establecer normas contables uniformes para la administración pública en todas sus jurisdicciones, con fechas de presentación de balances o rendiciones de cuenta. En cada caso se designarán responsables a cargo y se admitirán auditorías privadas sobre el cumplimiento de estas normas.
  20. Evaluación de proyectos. Cualquier obra pública, sin excepciones, deberá estar precedida por la documentación del proyecto de inversión. Deberán tener intervención los consultores independientes que  certifiquen  la evaluación financiera del proyecto conforme con criterios y condiciones técnicas que impidan sobreprecios, adicionales, obras complementarias no presupuestadas, abandono de obras  y pretextos para eludir  obligaciones.
  21. Método chileno.  A partir de cierto monto, las licitaciones se harán por el método chileno de obras públicas  con financiamiento autónomo, construcción, mantenimiento y explotación contínua del bien o servicio por  períodos de 20 a 30 años. Podrá garantizarse una rentabilidad razonable si el proyecto no genera suficientes utilidades. Este método será aplicable a autopistas, rutas,  infraestructuras de transporte urbano, diques, embalses, centrales eléctricas, edificios públicos en alquiler, escuelas, hospitales, estaciones y vías ferroviarias, locomotoras y vagones,  redes de gas y electricidad, agua potable y cloacas, puertos y aeropuertos, centros culturales y deportivos.
  22. Máximo de  personal. Progresivamente y en el lapso de 2 a 3 años,  ninguna jurisdicción de la administración pública (nación, provincias y municipios) podrá disponer de una dotación de personal (planta permanente o transitorios,  contratados o pasantes y supernumerarios) que exceda el número de 10 funcionarios por cada 1.000 habitantes de su jurisdicción según el último censo de población.  Sólo quedarán exentos de este límite los cargos activos asignados a tareas de seguridad policial, defensa militar, salud y educación pública, siempre y cuando se trate de personas que estén efectivamente al frente de tareas concretas y específicas.

6° EPÍLOGO, PARA TENER EN CUENTA.

Existen en Argentina, grupos de ciudadanos reunidos alrededor de intereses funestos y dañinos. Se los han denominado de distinta forma: grupos corporativos, poderes concentrados, oligarquía sindical, políticos corruptos, mafias enquistadas en el poder, capitalismo de amigos, sindicalistas millonarios y dirigentes de ficticias organizaciones sociales.

Todos ellos, sin excepción, están dispuestos a apoyar cualquier programa o política pública  que les otorgue fondos, subsidios, prerrogativas, mercados cautivos, fueros parlamentarios y exenciones impositivas.

Inexorablemente el costo de todo ello  será cargado a la cuenta de los candorosos contribuyentes, prisioneros en la jaula tributaria de la AFIP,  la UIF y las Administradoras provinciales.

Esos grupos ejercen tan  poderosa y eficaz influencia política porque comparten su choricería con los funcionarios que les acuerdan  privilegios y con los magistrados judiciales que les cubren las espaldas con los vericuetos de la impunidad.

Los intentos de corregir esta situación, votando adecuados candidatos para las elecciones legislativas en el Congreso, han fracasado. Porque una vez elegidas, esas “adecuadas personas” no hacen lo que deben hacer. Se sienten presionados por los grupos de intereses y condicionados por el espíritu de cuerpo de sus pares. Entonces se acomodan a la corrección política, hacen causa común con ellos y se convierten en cofrades  de la mafia política.

Siguiendo la experiencia de Milton Friedman podemos señalar que sólo existen dos vías para romper este círculo de hierro de comparsas e intereses bastardos. Una, es la elección de un presidente corajudo e inteligente, que se comprometa vitalmente a esta tarea. Otra, es el aditamento o añadido a la  constitución mediante la sanción de una Ley fundamental del Orden Económico Social a la luz de los principios de la constitución nacional. Sería como lo propuso Juan B. Alberdi: el “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina”.

La opción presidencial  requiere que la mayoría del pueblo sepa reconocer las virtudes y valores de sus  candidatos, sobre todo de su anterior vida privada, evitando las sorpresas que han sucedido en todo el tiempo de la democracia

También exige que ese candidato  tenga claridad de ideas, profundas convicciones morales  y esté dispuesto a cambiar el país más que ocuparse por su reelección y la del equipo que lo acompañe.

Además de ser una persona inteligente, es decir compenetrada del valor de las ideas sensatas, tiene que tener conocimientos ordenados en el campo económico y en los aspectos políticos, culturales, éticos y familiares.

Le será necesario y conveniente poseer una clara visión histórica para relacionar su mandato con la continuidad de las mejores cualidades del pueblo argentino, sus  tradiciones y sentimientos populares. Debiera comportarse como un atleta en la carrera de postas, que recibe el testimonio de sus antecesores y lo debe pasar a quienes lo  releven.

Además de espíritu de grandeza, debiera adoptar una  natural conducta de humildad para que la soberbia o arrogancia no se le suban a la cabeza y le generen el síndrome de Hubris. Las cualidades fundamentales a poner en uso serán la audacia y el valor  para introducir cambios importantes en el período inicial de su luna de miel, antes que la tiranía del statu quo se afirme y le torpedee sus iniciativas.

Sin embargo para poner coto al  Estado Leviatán, monstruo devorador de los recursos nacionales, y reducirlo a su tamaño adecuado del 25 % del PBI del año precedente, será necesaria la vía constitucional que puede intentarse por dos caminos.

Uno, es la reforma de la constitución conforme con criterios de sensatez y la garantía de que los constituyentes no terminarán haciendo un insoluble pastiche legal.  El otro es proponiendo de entrada una Ley fundamental del Orden Económico, para establecer los criterios y principios del sistema económico como enmienda de la constitución nacional, asegurando los principios de libertad, orden, justicia, unidad nacional y equidad.

La vía de esta Ley fundamental ya está abierta con el 27vo acuerdo firmado en condiciones muy cordiales con el FMI que exige: equilibrar el presupuesto, eliminar el impasse o déficit estructural, estimular  la iniciativa privada, ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo, y obtener saldos exportables a fin de que pagar los servicios de la Deuda pública sin abrumar a los ciudadanos.

A largo plazo, la estrategia más prometedora para reducir el aparato del Estado elefantiásico consiste en dar poderes extraordinarios al presidente sólo  para reformar el Estado, reducir impuestos, rebajar alícuotas y establecer reglas fiscales claras y simples en la liquidación y pago de impuestos. Otra medida sustancial  consiste en exigir la habilitación de una moneda de libre uso con la más absoluta libertad de contratación. Simultáneamente y para que el peso nacional pueda competir con monedas más estables  habría que exigir la renuncia del monopolio cambiario y mantener un riguroso control en la cantidad de moneda anualmente emitida dentro de un margen máximo del 3 al 4 % de la base monetaria del año anterior.    

Ya está todo dicho: ¡Alea iacta est!

 

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