El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó este lunes por la noche la prisión preventiva de Whpei por 90 días, además de una caución real por 1.500 millones de pesos, en el marco de una causa por presunta extorsión, asociación ilícita y lavado de activos. En el expediente también figuran como imputados el juez federal Carlos Vera Barros Bailaque, el exfuncionario de AFIP Carlos Vaudagna, y empresarios relacionados con causas anteriores de índole financiera.
Acusación bajo sospecha
En diálogo con este medio, Díaz explicó que la defensa presentó una recusación contra los fiscales, no para evitar el análisis del material probatorio sino para reclamar la inclusión completa del plexo de prueba disponible. “El lunes anterior a la audiencia nos entregaron 10 terabytes de información. Es material enorme: horas de grabaciones, entrevistas, documentos. En la audiencia contra el juez Bailaque se omitieron segmentos muy relevantes, incluso entrevistas completas”, afirmó.
Según el abogado, estas omisiones son incompatibles con el deber de objetividad que deben mantener los fiscales: “Están obligados a presentar también las pruebas que favorezcan a los acusados”.
Testimonios bajo la lupa
La defensa considera que el testimonio de Carlos Vaudagna —quien fue el primero en involucrar a Whpei en la supuesta maniobra de extorsión— está condicionado por su deseo de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que reduzca su eventual condena. “Vaudagna está imputado por múltiples delitos. Declaró en busca de un beneficio. A partir de eso, se sucedieron hechos que muestran un claro direccionamiento”, señaló Díaz.
Uno de esos hechos fue el procesamiento de Gustavo Iglesias y su socio Oneto por presunto lavado de dinero. Luego de ser procesado, Iglesias prestó declaración ante la Fiscalía, pero según la defensa, su testimonio es “incoherente, contradictorio y omite circunstancias clave”. Además, se produjo seis años después de los hechos investigados.
Fondos de la cooperativa y mutuales
Otro de los ejes de la investigación refiere a la supuesta canalización de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín hacia una mutual vinculada a Whpei. Díaz rechazó que exista vínculo alguno de propiedad o control entre su defendido y esa entidad financiera.
“Se trata de una mutual con más de 60.000 asociados. No es propiedad de Whpei. Además, está probado que la mutual pagaba una tasa de interés superior al promedio, por lo cual no hubo perjuicio sino beneficio para la cooperativa”, explicó.
También defendió la decisión del entonces interventor, Pascualino, quien fue designado por otro juez federal y cuya gestión fue avalada judicialmente. “En un contexto de inflación galopante, dejar fondos inactivos hubiera significado una pérdida segura. No hubo discrecionalidad indebida en su manejo”, agregó.
Próximos pasos
Sobre el futuro del caso, Díaz confirmó que recurrirán la decisión del juez Rodríguez Da Cruz. “El juez resolvió según su criterio, pero ahora nos asiste la posibilidad de apelar y eventualmente de llegar a la casación. La estrategia seguirá apuntando a que se valore toda la prueba, no solo un recorte sesgado de la misma.”
