Hace más de un cuarto de siglo nacía el embrión de lo que sería la Zona Franca Santafesina, ubicada en Villa Constitución. Luego de frustrantes marchas y contramarchas, sumadas al fracaso de dos licitaciones, finalmente la tercera fue la vencida, concesionándose por 30 años a la empresa Zofravilla S.A., que comenzó a operar, previo cumplimiento de las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes, incluyendo las referentes a Impacto Ambiental y Uso de Suelo.
En su predio de 57 has. tiene su sede el Organismo de Contralor, Ente Zona Franca Santafesina, cuyo Directorio está integrado por un representante de la Provincia, uno del Municipio y un tercero del Centro Comercial e Industrial local. Funciona también una delegación de la Dirección General de Aduanas.
En este contexto y con estas garantías, la actividad principal que de momento sustenta la operatoria de la empresa es el almacenamiento y distribución de fertilizantes sólidos a granel, complementada por rubros incipientes (electrónica, equipamiento para cercado y manejo de ganado, etc.) y otros que se están incorporando.
En junio pasado, la concesionaria fue autorizada para construir un puerto que estará habilitado en el curso del año próximo. Tendrá un frente de 600 mts. sobre el río Paraná y será, en consecuencia, la única Zona Franca de la Argentina con un puerto propio, ubicado nada menos que en plena Hidrovía. Este proyecto recibió un contundente apoyo del Ministro Dietrich, y de la Ministra Ciciliani, en sus recientes visitas a la Zona Franca
Y es que los empresarios de la región avizoran interesantes posibilidades de negocios, como quedó demostrado en la reciente visita de las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario. Los villenses, en tanto, esperan que su desarrollo genere puestos de trabajo que cubran las bajas producidas por el éxodo de empresas que viene padeciendo la ciudad desde hace décadas por razones de origen externo, pero también locales. Sobran motivos para el entusiasmo que manifiestan algunos o el moderado optimismo que demuestran otros. Y una certeza; cualquier ciudad de la provincia recibiría con los brazos abiertos a la Zona Franca Santafesina y le allanaría el camino para su desarrollo.
Pero , como suele ocurrir, la política “metió la cola”. La semana pasada, el Concejal Adolfo Araujo (Bloque Frente Social y Popular) presentó un Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto regular “la radicación de establecimientos que almacenen cereales, fertilizantes y productos fitosanitarios a granel”. Como ha dado cuenta en reiteradas ocasiones, sobre experiencias parecidas, en mucho de estos intentos regulatorios hay en verdad un objetivo de entorpecer, dificultar e incluso impedir el desarrollo de estos proyectos, que en general conllevan generación de empleo y mejora en las condiciones generales.
En este caso, el Concejal referido, apoyándose en “considerandos” claramente subjetivos, como supuestas propuestas de legisladores, carencia de un Plan Regulador actualizado, peligros que ocacionaría la demora en legislar, presenta un proyecto “a medida” para diferir y perjudicar el desarrollo de la Zona Franca, estableciendo requisitos de localización, regulación, contralor de muy dudosa legalidad y escaso sentido práctico.
En consulta con expertos, ON24 pudo recabar información acerca de la arbitrariedad e inconveniencia de la norma propuesta. El proyecto de Araujo pretende que los establecimientos que almacenen cereales, fertilizantes y productos fitosanitarios a granel se trasladen a “no menos de 2.000 metros de las zonas urbana y suburbana” (las que ni siquiera están definidas), excepto los ubicados dentro de la “zona portuaria”,
Ocurre que los únicos almacenamientos de los productos de cuestión (fertilizantes, en este caso) ubicados fuera de la “zona portuaria” son los de la Zona Franca. Serían, entonces, los únicos alcanzados por la norma.
En contrapartida, los silos subterráneos del puerto local, con capacidad para cientos de miles de toneladas de los citados productos (operando), ubicados a sólo 5 cuadras de la plaza central de la ciudad (pero en “zona portuaria”) no verían afectado su funcionamiento. El mismo beneficio alcanzaría a eventuales almacenamientos en el puerto de cabotaje (también “zona portuaria”), ubicado a 8 cuadras de la misma plaza central.
Para las fuentes consultadas no existen dudas de que este proyecto de ordenanza fue elaborado exclusivamente para impedir el normal funcionamiento de la Zona Franca. consideraron que tampoco se tuvieron en cuenta los derechos adquiridos por la empresa ni los puestos de trabajo de su personal, que se pondrían en riesgo.
Según la opinión de los referentes, en caso de sancionarse la ordenanza, el tema terminaría en la Justicia, ya que, entre otras visibles deficiencias, no respeta los principios de “generalidad y abstracción” en las que debería basarse.
Cómo se ha visto en Rosario, Funes, y otras localidades de la región, estos intentos de regulaciones forzadas, aunque no lleguen a concretarse cabalmente, constituyen una “luz amarilla” para los inversores, y a menudo los llevan a “redireccionar” sus esfuerzos y su capital hacia localidades más amistosas.
