La Cámara Federal de Rosario —sala B— dictó una medida cautelar clave en una causa promovida por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. El fallo ordena al Estado que suspenda el uso de un nuevo tramo de navegación frente a Ramallo (brazo derecho del río Paraná) hasta tanto se realice y presente una Evaluación de Impacto Ambiental adecuada.
La polémica se centra en la decisión del gobierno nacional de habilitar una ruta alternativa para embarcaciones de gran porte, ante la histórica bajante del río. Esta alternativa —ubicada entre los kilómetros 315 y 326 frente a zonas costeras y turísticas— fue elegida sin contar con estudios ambientales actualizados, algo que obligaba la normativa vigente.
Este escenario abre una ventana para posibles bloqueos judiciales de la nueva licitación, con base en argumentos ambientales y en normas provinciales y nacionales que hoy tienen mayor peso que en procesos similares durante los años noventa.
La sorpresa viene porque el sector agroexportador —principal usuario de la vía— no anticipó este problema y ahora podría quedar a merced de la Justicia. Mientras tanto, organizaciones ambientales ya iniciaron acciones basadas en el reclamo de participación ciudadana previa y estudios actualizados.
Durante el último año, la hidrovía Paraguay‑Paraná —por donde transita el 80 % del comercio exterior argentino— fue objeto de una intensa controversia política, legal y técnica:
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A fines de 2024, el Gobierno anunció una licitación para concesionar la hidrovía por 30 años, con promesas de renovación tecnológica y controles más rigurosos para combatir el narcotráfico y modernizar el sistema de navegación.
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Enero de 2025 marcó el fin de la concesión anterior y el lanzamiento oficial de la nueva etapa reúne a actores clave como provincias, la industria y cámaras logísticas en mesas técnicas organizadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
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Sin embargo, al momento de abrir los sobres, solo se presentó una oferta formal (DEME, de origen belga), lo que disparó denuncias e investigaciones por posible direccionamiento y falta de competencia.
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Frente a este escenario, varias provincias —especialmente las del Litoral— reclamaron mayor participación y transparencia en el proceso, cuestionando tanto plazos, condiciones técnicas como la duración de la concesión.
Este contexto convierte a la reciente medida judicial en otro escollo relevante para un proceso licitatorio ya golpeado por falta de oferta, sospechas judiciales y tensiones regionales. El sector agroexportador, clave en el entramado económico, observa cómo se acumulan los obstáculos: ahora, además de desafíos técnicos y políticos, se suma el reclamo ambiental como otra barrera a considerar.
