En línea con el proceso de desregulación impulsado por el gobierno nacional, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) eliminó la exigencia del llamado “certificado de análisis de laboratorio de yerba mate”. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 61/2025 y fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“El certificado estaba en clara superposición con el Código Alimentario Argentino, que ya define las condiciones sanitarias para garantizar el consumo seguro del producto”, explicó Sturzenegger en un posteo publicado en la red X. Según detalló, el trámite en cuestión era “otro intento por controlar lo ya controlado”, y generaba costos innecesarios e incertidumbre entre los productores.
La medida, aseguran en el Gobierno, forma parte de una política más amplia: eliminar capas de regulaciones innecesarias que entorpecen la producción y afectan la competitividad. En este caso, la resolución busca descomprimir a una de las economías regionales más tradicionales del país: la yerbatera, con fuerte presencia en Misiones y Corrientes.
“Ahora los productores ya no deberán preocuparse más por este tema y podrán focalizarse en llevar un producto mejor y más competitivo al mercado”, afirmó el ministro, que concluyó su mensaje con el ya habitual “¡Viva la libertad, carajo!”.
En concreto, la eliminación del certificado supone un alivio económico y operativo para cooperativas y empresas que debían cumplir con ese requisito adicional, pese a que las características de la yerba mate ya estaban normadas en la legislación alimentaria nacional. El certificado, además, se convirtió en una fuente de incertidumbre, ya que ni siquiera estaba claro cuándo debía hacerse o si su realización era obligatoria, según admitió el propio funcionario.
Desde el sector yerbatero venían reclamando mayor claridad regulatoria y menos trabas. Ahora, con esta decisión, se espera que se reduzcan tiempos y costos en la cadena productiva, en un contexto donde la eficiencia es clave para sostener la competitividad.
La medida refuerza el perfil desregulador del Gobierno y deja un mensaje claro: menos burocracia, más producción.
