Por Máximo Rinaudo – Miembro del área de Investigaciones Socieconomicas del Grupo Joven Fundación Libertad
El Presidente Argentino aboga fervientemente por la baja de impuestos como medida para potenciar el crecimiento de la economía argentina. Sin embargo, el compromiso con el equilibrio fiscal supone una restricción central: Toda reducción de impuestos debe estar precedida de un recorte del gasto. De hecho, el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027 obliga a cerrar con equilibrio o superávit
Desde diciembre de 2023, según el propio Gobierno, se redujeron impuestos por casi 3% del PIB sin volver al déficit, siendo el gasto quien cayó más rápido. En 2026, aparecen complicaciones: lo fácil de cortar ya se cortó. El elefante en la sala, es que alrededor la mitad de lo que queda son prestaciones de la seguridad social, y tarde o temprano, no habrá más baja de impuestos sostenible sin cuestionar el sistema previsional.
Por qué el gasto en seguridad social condiciona la baja de impuestos
Suponemos que el Estado Argentino, hoy con equilibrio fiscal, decide bajar impuestos sin recortar el gasto. Esta reducción de los ingresos dado un mismo nivel de gasto introduce a la economía a un déficit fiscal. Ese déficit debe ser pagado, segúnla Teoría Económica, a partir de 4 fuentes mecanismos que derivan en el primero:
- La suba de impuestos, descartada en este ejercicio.
- La toma de deuda, que se paga con impuestos futuros.
- La venta de activos del estado comprados con impuestos pasados.
- La emisión monetaria que lleva a inflación, también llamada impuesto inflacionario.
Resumiendo, en valor presente todo gasto se paga con impuestos. Esto es, no se puede reducir los impuestos de manera sostenible sin un recorte sustentable del gasto. Con la mitad del gasto en prestaciones, la próxima baja de impuestos pasa por el sistema previsional. Una demostración de esta relación, es que el ANSES ya absorbe $22,2 billones del impuesto al cheque y $10 billones de IVA. Si se bajan esos tributos, se abre un agujero en las jubilaciones.
Los números explicados en limpio
El gobierno planea gastar $202,1 billones en 2027, siendo $98,1 billones los destinados a jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la seguridad social. De este monto, $82,5 billones lo paga el ANSES. El régimen de reparto de quienes completaron sus aportes cuesta $50,1 billones y atiende a 1,8 millones de jubilados y 1,4 millones de pensionados. Las moratorias cuestan $26,3 billones y atienden a 3,7 millones de jubilados. Esto es, dos de cada tres jubilados de ANSES accedieron sin completar sus aportes, y esa partida equivale al 13% del presupuesto. Lo que no paga el ANSES corresponde a regímenes propios, como el de las Fuerzas Armadas.
El ANSES no se financia como un sistema contributivo a partir de recursos propios provenientes de aportes. Las contribuciones de trabajadores y empleadores cubren el 72% de lo que la ANSES paga en prestaciones, el resto sale de impuestos y de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Cómo sacar al elefante de la sala: capitalizar y pagar la transición
Chile tiene mucho que enseñarnos al respecto, pues en 1981 pasó del reparto a la capitalización casi pura. Antes de 1980 contaba con un sistema de reparto con decenas de cajas de previsión para cada tipo de trabajador distinto, cada una con sus propios regímenes, reglas y requisitos. Los aportes de los trabajadores en actividad pagaban las jubilaciones, con una carga total sobre el salario que llegaba al 51–59%. Las reservas que algunas cajas habían acumulado al principio se perdieron con la inflación y el estado comenzó a financiarse con transferencias.
Con la reforma, cada trabajador pasó a aportar el 10% de su salario a una cuenta propia, más una comisión y la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. La cuenta pasó a ser administrada por una AFP, una empresa privada especializada, controlada por la Superintendencia. El trabajador elige cuál. Para todo nuevo trabajador a partir de 1983, la AFP era obligatoria. Quienes ya trabajaban podían voluntariamente elegirla, y casi todos se pasaron dado que su salario neto subía al bajar los aportes.
Las contribuciones hechas al sistema viejo se reconocieron con un bono que el Estado deposita en la cuenta individual al momento de jubilarse. Se siguieron pagando las jubilaciones del sistema viejo, garantizando una pensión mínima a quien tuviera 20 años de aportes. También se pagaba una pensión asistencial (PASIS) a los pobres sin aportes.
Esta transición se financió con superávit fiscal casi sin emitir deuda. Chile tuvo superávit primario de 5,5% del PIB antes de empezar y luego mejoras del resultado primario de entre 3,5 y 4 puntos del PIB por año durante los ochenta.
En línea con esto, Argentina podria transicionar hacia un sistema de capitalización, donde cada trabajador aporta a una cuenta individual que financia su propia jubilación. Durante la transición, el tesoro deberá seguir pagando a los jubilados actuales sin esos aportes, lo que aprieta la restricción fiscal en el corto plazo. Si todos los aportes personales de 2027, $23,3 billones, se derivaran a cuentas individuales, quedarían por reponer el 11,5% del presupuesto destinado a las jubilaciones sin aportes. La contrapartida de este costo transitorio es el alivio permanente: cuando se extinguen los remanentes del sistema anterior, la jubilación contributiva deja de pesar sobre el presupuesto.
Otra cuestión es que el país ya probó la capitalización entre 1994 y 2008, cuando se estatizó. En caso de volver a instalarla, se requiere de la seguridad institucional para asegurar su supervivencia a varios gobiernos, para ver sus frutos.
Conclusión
Si el oficialismo revalida en 2027 y mantiene sus premisas, puede ignorar al elefante y frenar la baja de impuestos, o atacar el problema directamente, comenzando con separar asistencia de previsión, financiar la transición con superávit y diseñar un sistema que el próximo gobierno no pueda desarmar.
Fuentes:
- Presupuesto 2027 (Planilla N° 1 y fascículo ANSES);
- Diamond y Valdés-Prieto (1994);
- Diamond (1993); Holzmann (1997).
