El concejal Federico Lifschitz volvió a poner en agenda una de las problemáticas urbanas más persistentes de la ciudad: la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”. Con un planteo contundente, sostuvo que es necesario avanzar con sanciones penales efectivas y un marco normativo más duro para erradicar una práctica que calificó como extorsiva y violenta.
Lifschitz propuso que quienes ejerzan esta actividad ilegal reciban penas de hasta tres meses de cárcel efectiva, como forma de desalentar un negocio que, según señaló, funciona a la vista de todos y afecta la convivencia en el espacio público. “Estamos pagando para que nos cuiden el auto de ellos mismos”, advirtió, al describir una situación que consideró absurda y naturalizada por la falta de decisiones firmes.
Entre las medidas concretas, el concejal planteó la necesidad de sancionar una ordenanza que ponga fin a la extorsión, además de impulsar modificaciones en el Código Procesal Penal Provincial para endurecer las penas. También reclamó la aplicación de la Ley de Reiterancia, con el objetivo de evitar que los mismos infractores vuelvan rápidamente a la calle.
Otro de los ejes centrales de su propuesta es la creación y puesta en funcionamiento de una Policía Municipal, que tenga presencia activa en la vía pública y pueda intervenir de manera directa para ordenar las calles. “Rosario necesita recuperar el orden público de una vez por todas”, afirmó.
Lifschitz remarcó que el cansancio social frente a esta problemática es generalizado y que los montos exigidos por los cuidacoches —que en algunos casos llegan hasta los 10.000 pesos— reflejan el nivel de abuso y descontrol existente. En ese marco, instó a los vecinos a denunciar estos hechos al 911, como herramienta para visibilizar la situación y activar respuestas del Estado.
“Todos los rosarinos estamos cansados de discutir siempre lo mismo. Estoy totalmente en contra de esta actividad y creo que hay que terminar con esta extorsión en la ciudad”, concluyó el concejal, al reafirmar su postura de avanzar con decisiones políticas y legales que pongan fin a un problema crónico de Rosario.
